Un estudio analiza los riesgos del actual modelo eólico para Lanzarote
La transición energética en Lanzarote debe desarrollarse con un modelo distinto al actualmente planteado para la implantación de parques eólicos terrestres y marinos. Esa es la principal conclusión del informe emitido este mes de junio y encargado por la Fundación César Manrique (FCM) al Grupo de Bioeconomía, Recursos Naturales y Economía Ecológica de la Universidad de Santiago de Compostela, un trabajo que analiza el potencial impacto energético, ambiental y socioeconómico del desarrollo eólico en Canarias, con especial atención a la realidad de Lanzarote.
La Fundación explica que promovió este estudio con el objetivo de contribuir a la preservación del patrimonio de Lanzarote y proteger aquellos elementos que considera fundamentales para la soberanía de la isla, entre ellos el territorio y la sociedad insular.
El informe parte de la premisa de que la transición energética resulta necesaria para reducir la elevada dependencia de los combustibles fósiles, pero sostiene que el proceso debe adaptarse a las singularidades de un territorio declarado Reserva de la Biosfera y caracterizado por un paisaje que constituye uno de sus principales activos económicos y ambientales.
Priorizar otras alternativas antes de ocupar nuevo suelo
El estudio recuerda que Canarias importa el 97,5% de la energía que consume y que en Lanzarote alrededor del 90% de la electricidad sigue generándose mediante combustibles fósiles. No obstante, considera que antes de ocupar nuevos espacios con aerogeneradores deberían impulsarse medidas como la repotenciación de parques eólicos ya existentes, la instalación de placas fotovoltaicas sobre cubiertas urbanas e industriales, el desarrollo de comunidades energéticas y la mejora de la red de distribución de agua, cuyas pérdidas representan uno de los mayores consumos energéticos de la isla.
Uno de los apartados del informe analiza las denominadas Zonas de Aceleración para Renovables (ZAR) previstas por la planificación energética. Según los investigadores, el 73,67% de los terrenos incluidos en estas áreas en Lanzarote corresponde a suelo de protección agraria, por lo que consideran que la selección de estos espacios puede entrar en conflicto con la conservación de la actividad agrícola.
El documento añade que la implantación de parques eólicos terrestres afectaría al 4,94% de la Superficie Agraria Útil de una isla que, según recoge el estudio, ha perdido 1.323 hectáreas de suelo cultivable en los últimos treinta años.
Los autores sostienen además que la normativa europea establece que las ZAR deberían priorizar espacios ya degradados antes que terrenos productivos, una recomendación que consideran no suficientemente reflejada en la planificación actual.
Respecto a la eólica marina, el informe concluye que la planificación coincide con algunas de las zonas de mayor actividad de la pesca artesanal y cuestiona la cartografía utilizada para delimitar esos espacios, al entender que deja fuera a gran parte de la flota de menor tamaño. También señala que la tecnología de eólica flotante todavía presenta incertidumbres científicas sobre sus efectos en los ecosistemas marinos profundos, por lo que propone realizar estudios específicos antes de autorizar nuevos proyectos.
El documento también considera insuficiente el actual modelo de participación pública durante la planificación de estas infraestructuras y propone un sistema con mayor implicación de la ciudadanía y de las administraciones locales, además de fórmulas de propiedad pública o cooperativa que permitan que los beneficios económicos de la producción renovable permanezcan en la isla.
Como conclusión, el estudio defiende que la descarbonización debe avanzar en Lanzarote, pero mediante una planificación que compatibilice los objetivos climáticos con la protección del paisaje, el suelo agrícola, la pesca artesanal y el modelo socioeconómico insular, apoyándose en estudios científicos y procesos de participación antes de adoptar decisiones sobre nuevos desarrollos eólicos.
Las recomendaciones que establece
Literalmente, estas son las recomendaciones que realiza el informe: “Antes de sacrificar suelo agrícola y paisaje, existe un orden de prioridades lógico y jurídicamente sostenible. Primero, repotenciar los parques eólicos existentes, promover la instalación sensata de fotovoltaica sobre los techos urbanos e industriales, aprovechando las zonas ya degradadas e impulsando comunidades energéticas locales. La Directiva RED III establece que las ZAR deben priorizar suelos degradados antes que suelo productivo; ignorarlo vulnera el espíritu de la norma.
Segundo, mejorar la red de distribución de agua puede reducir a la mitad el consumo del sector hídrico -uno de los mayores demandantes energéticos de la isla- sin instalar un solo aerogenerador. El modelo de gobernanza de referencia es la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (EDLP) de Lanzarote 2023-2027.
Tercero, llevar a cabo un modelo de desarrollo renovable de participación activa en la isla de Lanzarote, de propiedad pública y que prime el respeto del territorio y la identidad de la isla. Los beneficios de explotación deberían quedarse en dicho territorio”.
El informe ha sido elaborado por el Grupo de Bioeconomía, Recursos Naturales y Economía Ecológica de la Universidad de Santiago de Compostela. El equipo redactor está integrado por Rosa María Regueiro Ferreira, como investigadora principal, junto a Torcuato Teixeira Valoria y Damiano Volpi, especialistas que analizan en el documento las implicaciones energéticas, ambientales y socioeconómicas del desarrollo eólico en Canarias y, de forma específica, en Lanzarote.
