Critica socialista al cierre del expediente sobre residencias sin sanciones para Amavir
El cierre sin sanciones del expediente informativo abierto por el Cabildo de Lanzarote a la empresa Amavir ha centrado parte del debate político en la sesión plenaria celebrada este jueves. El Grupo Socialista acusó al gobierno insular, integrado por Coalición Canaria y Partido Popular, de no depurar responsabilidades tras las denuncias realizadas sobre la situación de las residencias de mayores gestionadas por la entidad en los municipios de Tías y Haría.
La portavoz socialista en la Corporación, Ariagona González, sostuvo durante el pleno que el procedimiento ha concluido sin consecuencias para la empresa pese a la gravedad de los hechos denunciados. Según expuso, las quejas trasladadas durante los últimos meses hacían referencia a aspectos relacionados con la atención sanitaria, la asistencia diaria y las condiciones de los residentes.
Entre las incidencias señaladas por el PSOE figuran la supuesta falta de personal sanitario suficiente, la ausencia prolongada de médico en determinados periodos, errores en la administración de medicación, caídas de usuarios, problemas de higiene y otras deficiencias asistenciales.
González afirmó que el expediente se abrió después de que las denuncias alcanzaran repercusión pública y criticó que el Cabildo no haya iniciado un procedimiento sancionador. A juicio de los socialistas, la institución debía haber analizado posibles responsabilidades y estudiar medidas de compensación para los usuarios afectados.
La portavoz también cuestionó la actuación del consejero de Bienestar Social, Marci Acuña, al considerar que conocía la situación antes de que el asunto trascendiera públicamente. Asimismo, reprochó la presencia del consejero en un acto organizado por Amavir mientras el expediente permanecía abierto.
Desde el PSOE se considera que el archivo del procedimiento transmite un mensaje equivocado sobre el control de los servicios financiados con fondos públicos y sobre la supervisión de los centros destinados a la atención de personas mayores.
El debate se produce después de varios meses de controversia política en torno a la gestión de las residencias.
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