El PSOE exige a Betancort explicaciones por la reserva de suelo para renovables
El Partido Socialista (PSOE) de Lanzarote ha solicitado la interpelación del presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, para que dé explicaciones públicas sobre la polémica Zona de Aceleración de Renovables (ZAR), un plan que, según denuncian, “pone 3.100 hectáreas de la isla al servicio de la especulación eólica y fotovoltaica”.
El PSOE, a través de una resolución aprobada por su Comité Insular, asegura que la transición energética es necesaria, pero advierte que no puede ejecutarse “a espaldas de la ciudadanía” ni a costa del paisaje y el suelo rústico. El documento denuncia que el plan reserva 3.163 hectáreas en Lanzarote y La Graciosa, más que toda la superficie de Arrecife, para la instalación de parques eólicos y plantas solares.
“Alguien miente. No es serio que dos administraciones anuncien la reserva de miles de hectáreas y luego se contradigan entre sí”, afirmó la secretaria insular del PSOE y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, tras la confusión entre el Cabildo, que habló de “errores”, y el Gobierno de Canarias, que defendió la validez del documento.
Los socialistas advierten de la “alarma social” que ha generado la propuesta, que afecta a zonas de Las Breñas, La Degollada, Uga, Tinajo–La Santa y Caleta del Caballo, y denuncian que el plan abre la puerta a una ocupación intensiva del territorio y a una alteración irreversible del paisaje.
Corujo subraya que “Lanzarote siempre ha defendido la sostenibilidad con hechos, no como un eslogan. Nadie discute la necesidad de las energías limpias, pero sí el modo de implantarlas. Lanzarote no puede tratarse como un solar al mejor postor”.
La dirigente socialista recuerda que el Cabildo, durante gobiernos anteriores, ya demostró el potencial de los tejados públicos y privados de la isla para generar energía fotovoltaica sin ocupar suelo agrícola ni degradar el entorno. “Ese modelo -afirma- permitiría producir cientos de megavatios limpios y reducir emisiones sin sacrificar territorio”.
Por su parte, la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias ha defendido que la delimitación de un 3% del territorio insular busca precisamente evitar la especulación derivada de restringir el desarrollo a un 1%, manteniendo varias opciones de ejecución de proyectos.
