El PSOE alerta de que trabajar ya no garantiza un techo en Lanzarote
El PSOE de Lanzarote ha advertido de que tener un empleo ya no garantiza poder pagar un alquiler en la isla. Según el partido, la crisis habitacional ha alcanzado tal magnitud que incluso trabajadores con sueldos estables se ven incapaces de encontrar una vivienda digna.
Por otro lado, habría que anotar que esta certeza se produce en miles de poblaciones del Estado español, porque nunca España ha sido modélica en su política de vivienda ya que siempre se ha enfocado como un bien y no como un derecho.
La secretaria insular y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, calificó la situación de “emergencia social” y acusó a Coalición Canaria (CC) y al Partido Popular (PP) de “abandonar a la gente” al no ofrecer una respuesta política real. “El drama de la vivienda no es un riesgo futuro, es el presente”, afirmó.
El Comité Insular socialista sostiene que la falta de vivienda asequible está provocando la expulsión de población residente. Sanitarios, docentes, trabajadores del turismo o del cuidado de mayores, advierten, no pueden vivir en los municipios donde desarrollan su labor. “Cuando quienes cuidan de nuestros mayores o enseñan a nuestros hijos no pueden residir aquí, el problema deja de ser individual: es un problema de isla”, subrayó Corujo.
Los socialistas reprochan la “ausencia total de planificación” del Ejecutivo canario, presidido por CC y sostenido por el PP. Reclaman aplicar de forma efectiva la Ley de Vivienda y activar el bono joven de alquiler con celeridad. Además, proponen emplear la fiscalidad para frenar la conversión masiva de viviendas residenciales en turísticas.
Con la izquierda gobernando sólo hay vivienda para los okupa, dice el PP
por su parte, la presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez, manifestaba hoy que “con la izquierda gobernando en España, sólo hay vivienda disponible y segura para los okupas, protegidos por un Gobierno que encarece la compra de vivienda y ahuyenta la oferta de alquiler”.
Astrid Pérez indica que “los okupas y los inquilinos okupas están sobreprotegidos gracias a la legislación que el Gobierno aprobó durante la pandemia, en una situación de emergencia sanitaria, y que ha mantenido inopinadamente desde que regresamos a la normalidad. En el PP defendemos una modificación normativa que garantice la expulsión inmediata de los okupas en 24 horas”, asegura.
“Mientras Pedro Sánchez y sus aliados políticos detenten el poder en España, el derecho de los españoles a una vivienda digna es una utopía porque la seguridad jurídica no existe. En esas condiciones, ni los promotores construyen ni los propietarios acuden al mercado de alquiler”.
Para Astrid Pérez “sin seguridad jurídica es previsible que cada vez haya menos viviendas en venta y en alquiler en nuestro país y a nadie le debería extrañar que la oferta se reduzca y los precios se disparen de forma irrefrenable”.
Recuerda que “con Sánchez en la Moncloa el precio de la vivienda se ha incrementado más de un 44% y en el mercado del alquiler hay 120.000 viviendas menos, y las que quedan son cada vez más caras”.
