Canarias alerta del impacto europeo ante el nuevo pacto migratorio
El Gobierno de Canarias ha vuelto a expresar su profunda preocupación ante la hoja de ruta que está diseñando la Unión Europea para la puesta en marcha del nuevo Pacto de Migración y Asilo, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo mes de junio. Desde el Ejecutivo regional consideran que las medidas avanzadas por Bruselas suponen un retroceso en materia de solidaridad y carga compartida, afectando de manera directa a territorios fronterizos como el archipiélago, principal puerta de entrada a Europa a través de la Ruta Atlántica.
El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, fue especialmente crítico al advertir que los términos conocidos hasta ahora “perjudican claramente” a regiones como Canarias. Caraballo denunció el recorte de fondos de solidaridad destinados a los países y regiones frontera, un ajuste presupuestario que reduciría de manera significativa los recursos destinados a la gestión migratoria en las islas. Según subrayó, esta decisión “va en contra del espíritu del Pacto”, diseñado -al menos sobre el papel- para reforzar la cooperación entre Estados miembros y aliviar la presión sobre las zonas de mayor recepción.
A la reducción económica se suma otra medida que inquieta al Ejecutivo canario: la disminución de los cupos de distribución solidaria, que pasarán de 31.000 a 20.000 personas. Para Caraballo, este cambio “representa un duro golpe” a la aplicación del acuerdo y evidencia que “las narrativas de la ultraderecha se están imponiendo en las políticas migratorias de la Unión Europea”. El viceconsejero insistió en que Europa necesita un enfoque humano, cohesionado y corresponsable, y alertó del riesgo de que las nuevas medidas refuercen desigualdades entre territorios.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, también ha manifestado en los últimos días su inquietud ante la evolución del pacto. En una comparecencia en el Parlamento regional, advirtió de las implicaciones del denominado “modelo italiano”, que prevé la creación de centros de retención en terceros países. Clavijo teme que, bajo este nuevo paradigma, los territorios fronterizos puedan acabar funcionando como lugares de reclusión para extranjeros, lo que supondría “un gran problema” para Canarias tanto en términos sociales como de gestión.
