La Fiscalía avanza en la investigación sobre contratos con reparos en Arrecife
El Ayuntamiento de la capital de Lanzarote se encuentra inmerso en un complejo proceso de investigación judicial que gira en torno a múltiples contratos adjudicados por el consistorio con indicios de irregularidades administrativas y posibles delitos relacionados con su tramitación. El avance de estas diligencias está generando creciente atención en el ámbito político y social de la isla.
La Fiscalía de Área de Arrecife ha intensificado este mes de enero sus pesquisas centrando su atención en los contratos que el consistorio capitalino adjudicó para la organización de eventos municipales. Entre estos, destacan especialmente los relacionados con la tradicional feria navideña “Navilan”, celebrada en distintas ediciones recientes.
Según el auto fiscal, estos contratos para la organización de la feria navideña están siendo objeto de análisis por parte de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, así como por la Intervención General de la Administración del Estado y la Audiencia de Cuentas de Canarias, con el fin de determinar si existieron irregularidades en su adjudicación y ejecución.
Las diligencias judiciales parten de una denuncia ciudadana que ponía en cuestión la legalidad de varios procesos de contratación. Según este escrito, los expedientes municipales podrían haber recurrido de manera reiterada al uso de contratos menores, fragmentación de servicios homogéneos para eludir procedimientos competitivos y la ejecución de obras o servicios sin cobertura contractual previa. Además, se sugiere la existencia de reiterados reparos formulados por la Intervención municipal, algunos de los cuales habrían sido levantados posteriormente sin justificación clara.
Estos reparos -órdenes de objeción técnica o presupuestaria emitidas por los interventores municipales cuando un gasto no se ajusta a la legalidad o a la disponibilidad presupuestaria- son una señal que ha encendido las alertas de la Fiscalía, al sugerir que se podría haber forzado el levantamiento de divergencias técnicas para tramitar pagos sin la cobertura legal previa debida.
Información exigida por la Fiscalía
En un requerimiento formal fechado el pasado 14 de enero, la Fiscalía ha dado al Ayuntamiento un plazo de diez días para entregar toda la documentación vinculada a los contratos de la II y III Feria Navilan, incluidos permisos, licencias, contratos de uso de suelo y certificados oficiales sobre la naturaleza jurídica de los espacios municipales utilizados.
Asimismo, se exige que se remitan las actas de las Mesas de Valoración, que determinan la adjudicación de los patrocinios, así como informes detallados sobre los reparos emitidos por la Intervención municipal en las ediciones más recientes, para poder reconstruir la secuencia completa de cómo se tramitó cada expediente.
Este proceso judicial no solo ha movilizado a las fuerzas de seguridad y a los organismos de control, sino que también ha provocado tensiones políticas dentro del seno del propio Ayuntamiento de Arrecife. Recientemente, el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria (CC) ha solicitado la convocatoria de la Mesa del Pacto de Gobierno con el Partido Popular (PP) para abordar el “desgaste institucional” que ha generado la situación, aunque el documento remitido por CC negó directamente que se mencionara en la carta un procedimiento concreto en el Tribunal de Cuentas vinculado a ex cargos municipales.
