Canal Gestión solicita rescindir el contrato del agua y demanda compensación
La empresa Canal Gestión Lanzarote ha comunicado el inicio formal de los trámites para solicitar la resolución del contrato de concesión del servicio urbano de agua en Lanzarote y La Graciosa. La compañía fundamenta esta decisión en un análisis técnico-jurídico en el que atribuye diversos incumplimientos al Consorcio del Agua de Lanzarote, administración titular del servicio.
Canal Gestión ha solicitado, además, la compensación de los perjuicios económicos que, a su juicio, se derivan de la situación descrita, sin perjuicio de otras actuaciones legales que pueda emprender para la defensa de sus intereses y el buen nombre de la compañía, aseveran.
Hay que recordar que el Consorcio del Agua de Lanzarote decidió el pasado mes de abril continuar con el procedimiento para precisamente resolver el contrato con Canal Gestión, después de que no hubiera prosperado la opción de ceder la gestión del servicio a una tercera empresa dentro de los plazos establecidos.
La medida se producía tras agotarse este lunes, 6 de abril, el segundo de los periodos concedidos a la concesionaria para formalizar un acuerdo de cesión. Aquel acuerdo se remitió al Consejo Consultivo de Canarias, que disponía de un plazo máximo de 40 días para emitir el informe preceptivo conforme a la normativa vigente.
Ahora, en un fragmento de su comunicado la empresa asegura este miércoles: “Tras más de doce años prestando el servicio en un escenario de hostilidad jurídica y técnica, Canal Gestión ha decidido adoptar esta decisión basándose en un análisis técnico-jurídico que identifica incumplimientos críticos y sistemáticos por parte de la Administración insular del agua”.
Según expone la concesionaria, el contrato firmado en 2013 contemplaba inversiones en la red hidráulica por valor de 78,7 millones de euros que no habrían sido ejecutadas por la administración insular. La empresa añade que adelantó un canon de 50 millones de euros destinado, según el acuerdo, a la mejora de infraestructuras del sistema de abastecimiento.
Entre los principales argumentos de la empresa figura el bloqueo de la actualización de tarifas desde 2017. Canal Gestión sostiene que esta revisión está prevista contractualmente y ha sido respaldada, según su interpretación, por pronunciamientos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La compañía cuantifica el impacto económico de esta situación en más de 40 millones de euros.
También se refiere a la ejecución de modificaciones contractuales mediante órdenes de obra y decisiones administrativas que, siempre según su versión, habrían alterado las condiciones iniciales del contrato sin seguir los procedimientos establecidos en la normativa de contratación pública.
Asimismo, la concesionaria considera desproporcionada la intervención cautelar del servicio acordada por el Consorcio, en el marco del proceso abierto sobre la continuidad del contrato.
Un procedimiento ya en marcha por la administración
Este movimiento se produce en un contexto en el que el propio Consorcio del Agua de Lanzarote ya había iniciado anteriormente un procedimiento para la resolución del contrato, que ha ido avanzando en distintas fases administrativas y jurídicas en los últimos meses. Según distintas resoluciones y acuerdos recientes, la institución insular ha venido evaluando la continuidad o extinción de la concesión dentro del marco contractual vigente.
La resolución del contrato, según las últimas decisiones conocidas, forma parte de un proceso más amplio que incluye la posible intervención del servicio y la reordenación de la gestión del ciclo integral del agua en la isla.
