Más de 31.000 lanzaroteños dependen de las ayudas sociales autonómicas
Más de 31.000 personas residentes en Lanzarote y La Graciosa reciben algún tipo de atención a través de los servicios sociales financiados por la Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias y gestionados desde los siete municipios de la Isla. El dato fue puesto sobre la mesa durante una reunión de trabajo entre la directora general del área, Elisabet Santana, y el consejero insular de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña. El presidente insular, Oswaldo Betancort, le daba la bienvenida.
El encuentro sirvió para revisar los distintos programas y recursos que se desarrollan de forma conjunta entre el Ejecutivo autonómico y el Cabildo, especialmente aquellos dirigidos a población en situación de vulnerabilidad. Entre ellos, las ayudas económicas vinculadas a la Renta Canaria de Ciudadanía, que perciben cerca de 300 unidades de convivencia en Lanzarote, así como las pensiones no contributivas, que alcanzan a unas 1.300 personas.
La reunión también abordó la evolución de las demandas sociales en la Isla, en un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda, la precariedad laboral y el aumento de situaciones de exclusión, factores que siguen tensionando a los servicios sociales de base, dependientes en gran medida de los ayuntamientos.
Desde el Cabildo, Marci Acuña señaló la necesidad de coordinar esfuerzos entre administraciones para garantizar que las políticas sociales lleguen de forma efectiva a las familias y personas que lo necesitan. En ese marco, se trataron cuestiones como la Estrategia Insular de Accesibilidad e Inclusión y otras líneas de actuación impulsadas desde la institución insular.
Durante la visita institucional, la directora general de Servicios Sociales mantuvo también un breve encuentro con el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, quien agradeció la colaboración del Gobierno de Canarias, tanto en el ámbito social como en otras áreas competenciales.
Aunque el encuentro se desarrolló en un tono institucional, los datos reflejan la dimensión real de la dependencia de ayudas públicas en Lanzarote, una isla donde una parte significativa de la población necesita respaldo económico o social para cubrir necesidades básicas. Una realidad que contrasta con la fortaleza del sector turístico y que sigue situando a los servicios sociales como un pilar silencioso del sistema de bienestar insular.
