El TSJC confirma los cobros indebidos del ex consejero Juan Manuel Sosa
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la nulidad de la situación administrativa de Juan Manuel Sosa Rodríguez y le obliga a devolver las retribuciones públicas percibidas de forma indebida, tras desestimar el recurso presentado por el propio afectado.
La sentencia ratifica así el fallo previo y concluye que Sosa continuó cobrando sin cumplir los requisitos legales exigidos, en una situación que el tribunal califica como “radicalmente nula”.
El caso se remonta al pasado mandato en su etapa en el Cabildo de Lanzarote, donde su posición resultó clave para la configuración de la mayoría de gobierno durante el mandato presidido por la socialista María Dolores Corujo.
El TSJC señala en su resolución que era el propio Sosa quien se encontraba en mejor posición para conocer la irregularidad y corregirla. Según recoge el fallo, el afectado sabía desde diciembre de 2019 que había perdido la condición de portavoz, pero aun así solicitó mantener su situación administrativa sin comunicar este cambio.
La sentencia subraya que la Administración no podía actuar sobre una circunstancia que desconocía, al no haber sido informada por el interesado. En este sentido, incide en que la responsabilidad recae en quien percibió las cantidades, al ser quien tenía conocimiento directo de su situación.
El tribunal también apunta que Sosa omitió comunicar un dato esencial, lo que impidió que la Administración pudiera corregir la irregularidad en su momento.
Devolución de las cantidades percibidas
En relación con las retribuciones, el fallo establece que será la Administración autonómica la encargada de exigir la devolución de las cantidades abonadas de forma indebida.
La resolución judicial no entra en valoraciones políticas, pero sí fija con claridad la obligación de reintegrar el dinero público percibido sin ajustarse a los requisitos legales.
Tras conocerse la sentencia, Coalición Canaria en Lanzarote ha valorado el fallo y ha reclamado la depuración de responsabilidades políticas en relación con estos hechos que facilitaron que un tránsfuga sostuviera al gobierno de Corujo.
El pronunciamiento del TSJC pone fin al recorrido judicial de este caso en el ámbito autonómico y confirma la interpretación sobre la irregularidad administrativa en el cobro de retribuciones públicas.
