El sindicato UGT lanza un diagnóstico crítico sobre las administraciones locales

UGT Servicios Públicos de Lanzarote ha realizado un análisis de la situación de las administraciones locales de la isla en el que concluye la existencia de problemas estructurales que, según el sindicato, están afectando tanto a las condiciones laborales del personal público como a la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía.

El informe sindical se basa en encuentros mantenidos con delegados y delegadas de distintas administraciones de la isla, en los que se ha puesto sobre la mesa un conjunto de deficiencias organizativas y de gestión que, según UGT, se repiten de forma generalizada en los distintos ayuntamientos.

Entre las principales críticas, el sindicato señala la falta de planificación en recursos humanos y la escasez de personal en numerosos departamentos, una situación que atribuye a la ausencia o desactualización de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), lo que estaría generando desajustes organizativos y acumulación de tareas.

UGT también denuncia el bloqueo de la negociación colectiva en las mesas de trabajo, con convenios vencidos en algunos casos desde hace años, lo que, según la organización, impide la actualización de las condiciones laborales del personal público.

Externalización de servicios y precariedad laboral

Otro de los puntos destacados por el sindicato es el incremento de la externalización de servicios públicos, una práctica que consideran una respuesta a la falta de recursos internos y de planificación administrativa. UGT advierte de que esta tendencia puede derivar en una pérdida de control público y en una menor calidad en la prestación de servicios.

El documento sindical también hace referencia al aumento de la temporalidad en el empleo público, la utilización de complementos retributivos de forma que califican de poco homogénea y la necesidad de impulsar mecanismos como el contrato de relevo para favorecer el relevo generacional en las plantillas.

Asimismo, UGT señala carencias en materia de igualdad, conciliación y modernización tecnológica en las administraciones locales, que considera por debajo de las obligaciones legales vigentes en estos ámbitos.

El sindicato advierte de que esta situación puede tener consecuencias en la gestión administrativa de la isla, como el incremento de los tiempos de tramitación de licencias, ayudas o subvenciones, así como dificultades para la captación y ejecución de fondos públicos.

También alerta de posibles impactos económicos derivados de litigios laborales y de la pérdida de oportunidades de financiación por falta de capacidad técnica en las administraciones.