El Parlamento de Canarias debatirá este mes la nueva ley de vivienda vacacional
El Parlamento de Canarias debatirá el próximo 12 de noviembre la aprobación definitiva de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda, una norma que el Gobierno autonómico -formado por Coalición Canaria y Partido Popular- considera esencial para ordenar el alquiler vacacional en el Archipiélago, pero que ha despertado una fuerte oposición entre asociaciones, profesionales y familias dedicadas a esta actividad.
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), única organización que agrupa al sector en las islas, ha manifestado su rechazo a la iniciativa legislativa, asegurando que su contenido “pone en riesgo el futuro de miles de familias canarias” que dependen de la gestión de viviendas turísticas. Según la entidad, la norma supondrá la “expulsión de la sociedad del turismo”, concentrando los beneficios “en manos de unos pocos”.
Un sector dividido
Entre las principales críticas de los colectivos afectados se encuentra la falta de diálogo y de análisis sobre las consecuencias económicas y sociales que puede acarrear la nueva regulación. ASCAV sostiene que el 67% de las viviendas vacacionales se ubican en zonas turísticas o en complejos residencializados que no pueden destinarse al alquiler de larga duración, lo que, según advierten, “desmiente el argumento de que volverán al mercado tradicional”.
La asociación también recuerda que la actual Ley de Actividades Clasificadas, aprobada en 2011, no contemplaba la figura de la vivienda vacacional, reconocida más tarde en 2015. Por ello, consideran que los ayuntamientos no disponen de un marco claro para otorgar licencias, generando una “inseguridad jurídica persistente” para los propietarios.
El Ejecutivo regional, por su parte, defiende que la nueva ley busca garantizar un uso equilibrado del suelo residencial y turístico, evitando la saturación y los conflictos vecinales. Sin embargo, la oposición parlamentaria y buena parte del sector turístico insisten en que la norma podría provocar la desaparición de pequeñas empresas, empleos y patrimonios familiares.
De aprobarse sin modificaciones, la ley marcará un punto de inflexión en la regulación del turismo en Canarias, un ámbito que sigue siendo motor económico del Archipiélago y fuente constante de debate entre la sostenibilidad, el derecho a la vivienda y el modelo turístico.
