Canarias diseña presupuesto donde sanidad y educación lideran el aumento de gasto
La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, entregó este miércoles a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026. Con ello, arranca la tramitación de unas cuentas que el Ejecutivo regional califica de “rigurosas” y “ajustadas a las reglas de estabilidad”, pese a las restricciones impuestas por la normativa estatal.
El documento prevé un gasto total de 12.491 millones de euros, lo que supone 813 millones más que en 2025, un incremento del 7%. Según el Gobierno, el principal objetivo es mantener y reforzar los servicios públicos esenciales: sanidad, educación, servicios sociales y vivienda.
Asián destacó que el presupuesto cumple con las exigencias de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que obliga a las comunidades a mantener un superávit del 0,1% del PIB y a no superar un límite de gasto del 3,3%. Sin embargo, la consejera criticó que esas tasas están “desfasadas” y que impiden destinar más recursos a políticas sociales. “No podemos crecer más porque la norma estatal lo prohíbe”, subrayó.
Sanidad y educación acaparan el aumento del gasto
Del total presupuestado, más de 8.000 millones se dirigen a los servicios públicos esenciales. La sanidad se lleva la mayor parte, con 4.833 millones, un 5,2% más que el año anterior. En educación, el presupuesto asciende a 2.313 millones, lo que supone un incremento del 7,4%. La mayor parte de este crecimiento se destina a reforzar el personal docente y sanitario, dos de los sectores con más demanda en las islas.
El área de Bienestar Social contará con 824 millones, un 8,2% más, mientras que el Instituto Canario de la Vivienda dispondrá de 197,5 millones, un 14,9% más que en 2025, con el objetivo de aumentar las ayudas al alquiler y los programas de rehabilitación.
Por su parte, Transición Ecológica y Energía registra una subida del 44,8%, hasta 454 millones de euros, impulsada por los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
