Desmantelada una red que exportaba residuos peligrosos desde Canarias
La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado un grupo criminal dedicado al traslado ilegal de residuos peligrosos desde Canarias hacia varios países africanos. La operación, desarrollada principalmente en Tenerife, se salda con 32 personas investigadas y cuatro sociedades vinculadas a delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
La investigación se inició tras detectar un flujo constante de contenedores que salían desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Agentes del Seprona y funcionarios de Vigilancia Aduanera observaron irregularidades en la documentación de mercancías que viajaban por vía marítima, lo que llevó a destapar una actividad continuada de exportación ilegal de residuos.
Según los datos recabados, la organización enviaba al extranjero materiales sin el tratamiento adecuado, ocultando su naturaleza mediante facturas falsas para evitar controles. Entre los residuos había aparatos eléctricos y electrónicos, especialmente motores y compresores de frigoríficos, que no habían sido descontaminados previamente, lo que supone un riesgo por la liberación de gases contaminantes.
También se detectaron piezas de automóviles sin tratar, unas 38 toneladas de extintores y numerosos vehículos exportados como si fueran de segunda mano, pero con documentación presuntamente falsificada. En total, la red habría movido cerca de 650 toneladas de residuos peligrosos y otras 86 de residuos no peligrosos, con un valor estimado de 800.000 euros.
La estructura del grupo estaba organizada en torno a cinco personas que asumían funciones diferenciadas. Dos de ellas, asentadas en Gran Canaria, se encargaban de la gestión documental y logística, mientras que otras tres, en Tenerife, coordinaban los envíos y conseguían la documentación necesaria, tanto legal como presuntamente falsificada.
Para dar apariencia de legalidad, el entramado utilizaba empresas que emitían facturas a nombre de terceros, en algunos casos sin conocimiento de estos, simulando que los residuos habían sido tratados correctamente.
El traslado ilegal de residuos es un delito tipificado en el Código Penal desde 2015, con penas que pueden incluir prisión, multas e inhabilitación profesional. Además, este tipo de prácticas está bajo vigilancia internacional, en el marco del Convenio de Basilea, que regula los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos.
