Alertan sobre las comisiones bancarias de 30 euros por impago
Las comisiones bancarias de 30 euros que algunas entidades aplican cuando un cliente se retrasa en el pago de una cuota vuelven a situarse en el foco del debate sobre la protección de los consumidores. Así lo plantea el abogado Claudio Doreste Torrent en un artículo de opinión en el que denuncia una práctica que considera abusiva y reclama una mayor intervención de los organismos públicos de supervisión.
El autor sostiene que, en muchos casos, estos cargos se aplican de forma automática cuando se produce un impago, bajo conceptos como “gastos por reclamación de posiciones deudoras”, sin que exista una actuación concreta que justifique la cantidad cobrada.
Doreste recuerda que la normativa establece que las entidades solo pueden repercutir comisiones por servicios solicitados o aceptados por el cliente y siempre que correspondan a actuaciones efectivamente realizadas o a gastos acreditados. En este sentido, cita la sentencia 566/2019 del Tribunal Supremo, que declaró abusiva una comisión de 30 euros al considerar que se aplicaba de manera automática, podía repetirse y no quedaba acreditada la existencia de gestiones reales ni su coste.
El artículo señala que una parte de los consumidores afectados no llega a reclamar debido al desconocimiento de sus derechos o a las dificultades que supone iniciar un procedimiento para recuperar una cantidad que, aunque pueda parecer reducida, supone un perjuicio para muchas economías familiares.
El autor plantea que el Banco de España debería actuar no solo ante reclamaciones individuales, sino también de oficio, revisando expedientes de las entidades para comprobar qué actuaciones se realizan realmente cuando se cobran estas comisiones, cuántas veces se aplican y qué ingresos generan.
Además, critica la falta de avances en la creación de una Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, una iniciativa que, según expone, lleva más de dos años pendiente.
Doreste reclama un cambio de modelo basado en la prevención, la inspección y la detección de prácticas generalizadas, frente a un sistema centrado principalmente en que cada consumidor presente su propia reclamación.
El artículo concluye animando a las personas afectadas a reclamar y recuerda que actualmente existen herramientas que pueden facilitar este proceso, desde los servicios de atención al cliente de las entidades hasta las oficinas de consumidores o incluso aplicaciones de inteligencia artificial para ayudar a redactar escritos de reclamación.
