Un lanzaroteño figura como “lugarteniente” de la presunta red liderada por Zapatero

La decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de imputar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sacudido este martes el panorama político nacional. El magistrado sostiene en un auto de más de 80 páginas que el exdirigente socialista habría encabezado una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” vinculada al denominado caso Plus Ultra.

Pero entre los nombres que aparecen en la resolución judicial sobresale también el de un lanzaroteño: Manuel Aarón Fajardo García, a quien el instructor sitúa como una de las piezas clave del entramado y define como “lugarteniente” o intermediario esencial de la supuesta organización. El juez Calama sitúa a este joven como «persona de confianza e interlocutor directo con los clientes» de la trama, junto a su amigo personal, Julio Martínez Martínez, ‘Julito’.

Según la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Fajardo actuaba como enlace con Venezuela y desempeñaba un papel relevante en las operaciones internacionales atribuidas a la red. El auto lo coloca en el segundo escalón de la estructura, justo por debajo de Zapatero y junto al empresario Julio Martínez Martínez.

La resolución judicial describe una organización presuntamente diseñada para obtener ventajas económicas mediante influencias ante organismos públicos y decisiones administrativas favorables, especialmente en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que recibió ayudas públicas millonarias tras la pandemia.

En el caso concreto de Fajardo, las pesquisas policiales apuntan a que era considerado dentro de la propia trama como “la pieza de ZP en Venezuela”. Los investigadores destacan mensajes y comunicaciones intervenidas en las que se le atribuye capacidad para abrir contactos políticos y empresariales en el entorno venezolano con el objetivo de facilitar operaciones económicas y gestiones vinculadas al rescate de la compañía aérea.

El juez sostiene además que la presunta red utilizaba sociedades instrumentales, documentación simulada y circuitos financieros opacos para canalizar fondos y ocultar movimientos económicos.

Parte de esas operaciones, según el auto, se habrían articulado mediante empresas radicadas en Dubái y otras mercantiles consideradas por los investigadores como carentes de actividad real.

La investigación, denominada “Operación Tíbet”, también pone el foco en supuestas operaciones relacionadas con petróleo, oro y compraventa de divisas, ámbitos en los que el magistrado aprecia una “intervención directa” del expresidente del Gobierno.

Zapatero deberá comparecer como investigado el próximo 2 de junio ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La causa continúa bajo secreto parcial y no se descartan nuevas diligencias.