Una decisión trascendente: unanimidad en la Isla para romper con Canal Gestión

La Asamblea General Extraordinaria del Consorcio del Agua de Lanzarote ha aprobado este jueves por unanimidad el inicio del proceso de rescisión del contrato con Canal Gestión, empresa encargada del abastecimiento de agua, el saneamiento y la reutilización del agua en las islas de Lanzarote y La Graciosa. La decisión, tomada en una reunión celebrada esta mañana, responde a una serie de incumplimientos graves por parte de la concesionaria que han afectado al servicio y generado una creciente preocupación entre las autoridades locales.

La resolución del contrato con Canal Gestión no ha sido una decisión fácil, pero ha sido avalada por un informe jurídico detallado elaborado por el equipo del Consorcio del Agua. Este informe concluye que la empresa no ha cumplido con varias de sus obligaciones contractuales esenciales, entre ellas la reducción de las pérdidas de agua en la red de abastecimiento. Según los términos del contrato, Canal Gestión se comprometió a reducir estas pérdidas hasta un 30% en los primeros cinco años de operación, pero en la actualidad las pérdidas alcanzan el 56%, lo que ha llevado a la Asamblea a considerar que la empresa no ha cumplido sus compromisos de manera satisfactoria.

A pesar de las tensiones en torno a la decisión, la unidad de los miembros del Consorcio, incluyendo alcaldes y representantes locales de los distintos municipios, ha sido clave para aprobar el inicio del procedimiento. Durante la reunión, se presentó un burofax enviado por Canal Gestión a cada uno de los miembros del Consorcio, en un intento de influir en su decisión. Sin embargo, esta acción no tuvo el efecto deseado, ya que los representantes locales consideraron que el contenido del mensaje era un intento de coacción, calificando el hecho como un «chantaje» por parte de la empresa.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, señaló que la situación del servicio de abastecimiento de agua había llegado a un punto crítico. “No podíamos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se deterioraba el servicio de abastecimiento de agua. Por eso, hemos estado trabajando durante más de un año en un informe jurídico exhaustivo para poder rescindir el contrato con Canal Gestión”, explicó Betancort, quien también subrayó la labor del equipo técnico y jurídico del Consorcio que ha llevado a cabo este trabajo.

Incumplimientos graves y la falta de inversiones

Uno de los principales motivos que han llevado a la resolución del contrato es la infra inversión en el servicio. Canal Gestión se comprometió a realizar inversiones por valor de más de 54 millones de euros, pero hasta la fecha ha ejecutado solo algo más de 32 millones, dejando una deuda de casi 22 millones de euros en inversiones no justificadas. Este incumplimiento ha sido particularmente grave, ya que las inversiones eran clave para la mejora de la infraestructura hídrica en la isla y la reducción de las pérdidas de agua en la red.

El informe también señala que Canal Gestión no ha cumplido con su obligación de realizar un adecuado control de las fugas de agua, lo que ha contribuido directamente a que las pérdidas se mantengan en niveles altos. Además, la empresa no ha ejecutado los trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar la eficiencia del sistema, y se han producido continuos cortes de suministro que han afectado a varios núcleos de población.

Otro de los incumplimientos graves mencionados en el informe es la obligación de Canal Gestión de no subcontratar los servicios que le son propios. Esta práctica ha sido considerada una violación directa de los términos del contrato, lo que ha motivado que se proceda a la resolución del acuerdo. Además, la empresa ha fallado en la entrega de la documentación requerida por el Consorcio, lo que ha dificultado el seguimiento y control del servicio.

El proceso de rescisión y el futuro del servicio

A pesar de la gravedad de los incumplimientos, el Consorcio ha establecido un plazo de 10 días hábiles para que Canal Gestión pueda presentar alegaciones o documentación adicional sobre el expediente. Una vez que se analicen estas alegaciones, se procederá a realizar una propuesta de resolución definitiva, que será enviada al Consejo Consultivo de Canarias para su dictamen, el cual, aunque no es vinculante, será un paso importante para la finalización del proceso.

El presidente Betancort también quiso matizar que la decisión de abrir el proceso para un nuevo contrato no implica necesariamente que el servicio de agua vuelva a ser gestionado por una empresa externa. «El Consorcio no puede quedarse paralizado, tenemos un plazo de ocho meses y debemos tener preparadas todas las opciones, desde la gestión pública hasta la creación de una empresa mixta público-privada», aclaró. Aunque aún no se ha decidido qué modelo de gestión se adoptará en el futuro, la prioridad es garantizar que el servicio de agua en Lanzarote se gestione de forma eficiente y que se cumpla con las expectativas de los ciudadanos.

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