Patrimonio descarta proteger la escultura de Ávalos ligada a Franco
El Pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias ha acordado este jueves rechazar la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Monumento, de la escultura del artista Juan de Ávalos situada en la confluencia de la Rambla de Santa Cruz y la avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife.
La decisión se ha adoptado en el marco del expediente incoado por el Cabildo de Tenerife en octubre de 2024, tras una resolución judicial que obligaba a revisar la posible protección de la obra. El procedimiento se ha desarrollado conforme a la sentencia dictada el 28 de junio de 2024 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife.
El acuerdo ha contado con un respaldo mayoritario dentro del órgano: dieciséis votos en contra de la declaración BIC, una abstención y ningún voto a favor. Con esta posición, el Consejo concluye que la escultura no reúne los valores patrimoniales necesarios para acceder a la máxima figura de protección prevista en la normativa de patrimonio cultural de Canarias.
Antes de la deliberación del Pleno, la Ponencia Técnica de Patrimonio Arquitectónico del propio Consejo ya había analizado el expediente en una sesión celebrada el 28 de abril de 2026. Tras revisar la documentación aportada y la información remitida por el Cabildo de Tenerife como administración instructora, este órgano técnico emitió también un dictamen desfavorable a la declaración.
La escultura se encuentra en uno de los puntos urbanos más transitados de la capital tinerfeña, en la intersección de la Rambla de Santa Cruz con la avenida de Anaga. El expediente abierto en torno a su protección ha estado vinculado a la valoración de su relevancia histórica y artística dentro del conjunto del patrimonio del siglo XX en Canarias.
El Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias es el órgano encargado de la coordinación, consulta y participación en materia de patrimonio cultural en el Archipiélago. En él están representados el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares, la Federación Canaria de Municipios, universidades, academias, colegios profesionales y entidades vinculadas a la conservación del patrimonio, además de personas expertas en la materia.
