La Justicia frena el intento del Canal de cobro millonario por el agua en Lanzarote
La Justicia ha cerrado la puerta a la reclamación millonaria planteada por la empresa concesionaria del ciclo integral del agua en Lanzarote, Canal Gestión. Un reciente auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria descarta que la compañía pueda exigir el pago de una cantidad económica concreta vinculada a la actualización de las tarifas del agua en Lanzarote y La Graciosa, según han confirmado fuentes judiciales.
La resolución se produce en el marco de un incidente planteado durante la fase de ejecución de una sentencia previa, en el que la concesionaria pretendía que se aclarara el alcance económico de un fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La empresa sostiene que ese pronunciamiento avalaba la revisión de tarifas conforme al IPC más un 1%, lo que, según sus cálculos, supondría unos 36 millones de euros.
No obstante, el juzgado considera que no existe base legal para concretar ahora esa cantidad. De acuerdo con las mismas fuentes, la magistrada subraya que ni la sentencia dictada en primera instancia ni la posterior resolución del TSJC fijaron el pago de una suma líquida, por lo que no cabe introducirla en un trámite de aclaración o subsanación.
El auto recuerda además que la legislación procesal solo permite corregir errores materiales u omisiones cuando ello es imprescindible para ejecutar una sentencia en sus propios términos. En este caso, la resolución judicial entiende que el fallo ya fue cumplido en la forma establecida, sin que se derive de él una obligación económica directa para la administración.
Tarifas congeladas
Este pronunciamiento judicial refuerza el escenario que ha mantenido congeladas las tarifas del agua en Lanzarote y La Graciosa en los últimos años. Cabe recordar que en 2023 la Comisión de Precios de Canarias se posicionó en contra de una subida tarifaria, pese a la existencia de una sentencia favorable a la revisión, al no apreciarse que se dieran las condiciones administrativas necesarias para aplicar automáticamente ese incremento (se refería especialmente a las enormes pérdidas en red).
Desde el ámbito judicial se apunta que el auto es firme y no admite recurso, lo que supone el cierre de esta vía concreta para la concesionaria. El procedimiento enfrenta a la empresa adjudicataria con el Consorcio del Agua de Lanzarote, representado por los servicios jurídicos del Cabildo, que han defendido de forma sostenida que la sentencia no implicaba el pago retroactivo de cantidades ni una subida automática de precios.
Con esta resolución, la Justicia vuelve a respaldar la interpretación que han sostenido las administraciones públicas insulares y autonómicas, descartando el impacto económico que habría supuesto la reclamación millonaria sobre el recibo del agua en Lanzarote y La Graciosa.
