Clavijo: “30 años después Canarias continúa sola frente a la crisis migratoria”
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha denunciado este miércoles que “treinta años después Canarias continúa sola frente a la crisis migratoria”. Cuando se cumplen tres décadas de la llegada de la primera patera a las islas, Clavijo cuestiona que el Estado y a la UE “no hayan aprendido nada” en este tiempo y “continúen sin mirar hacia su frontera sur”, en especial hacia los derechos de los miles de niños y niñas migrantes no acompañados que el archipiélago acoge en solitario.
Ha realizado estas declaraciones durante la inauguración junto con la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, en el Faro de la Entallada, de la exposición fotoperiodística ‘La ruta canaria, 30 años de migración y muerte’. Esta muestra, que recorrerá varias islas en los próximos meses, expone el trabajo de más de una decena de fotógrafos y periodistas que a lo largo de las tres últimas décadas han dejado constancia del proceso migratorio e las islas.
Durante este acto “por las más de 230.000 personas que han embarcado en la Ruta Atlántica y las miles que han perdido su vida en esta peligrosa travesía en busca de una vida mejor”, el presidente ha vuelto a reclamar al Gobierno español y a la Comisión Europea un “verdadero plan” para hacer frente a un drama humano estructural y que requiere de una respuesta “urgente y eficaz”.
Clavijo recuerda que la “acción decidida” por parte de Bruselas ha dado sus frutos en el Mediterráneo donde la llegada de migrantes se ha reducido un 65% en el último año mientras en la Ruta Canaria sube un 125%. “¿Es que no somos también España y Europa?”, se ha preguntado el titular del Gobierno autonómico.
Además, el presidente ha vuelto a reclamar una “respuesta de Estado” ante la situación límite que vive el sistema de acogida de menores migrantes en Canarias con más de 5.200 niños y niñas a su cargo. Se ha mostrado convencido de que hay margen político para alcanzar un acuerdo para la aprobación de una modificación legislativa que permita la distribución obligatoria de estos menores a los que “estamos obligados a dar un proyecto de vida pleno”.
Porque el organismo competente no le pone ganas ni interés ninguno.