La diputada nacionalista Cristina Calero defiende a ADISLAN tras la polémica
La diputada del Grupo Nacionalista Canario (Coalición Canaria), Cristina Calero, salió en defensa de ADISLAN durante una comisión de Derechos Sociales celebrada en el Parlamento de Canarias, donde se abordó la situación del centro y las inspecciones realizadas por servicios dependientes del Ejecutivo autonómico.
La intervención se produjo después de la controversia generada en marzo por denuncias públicas sobre supuestas deficiencias sanitarias y asistenciales en la entidad lanzaroteña. Calero rechazó que el debate político se haya desarrollado, según señaló, sin contrastar previamente la información.
Durante su comparecencia, la parlamentaria criticó que se trasladaran al ámbito parlamentario acusaciones relacionadas con insalubridad, inseguridad sanitaria o desatención sociosanitaria sin pruebas concluyentes. También aseguró que esa situación ha generado preocupación entre familiares de personas usuarias del centro.
Trayectoria de la entidad en Lanzarote
Calero puso el foco en la trayectoria histórica de ADISLAN, entidad con 57 años de actividad vinculada a la atención de personas con discapacidad intelectual en Lanzarote. Recordó además que fue declarada de utilidad pública hace casi tres décadas.
Entre los recursos impulsados por la asociación, citó la piscina terapéutica, programas de atención temprana, servicios de respiro familiar y plazas alojativas con atención continuada orientadas a la autonomía personal.
La diputada sostuvo que ADISLAN ha desempeñado durante años un papel relevante en la cobertura de necesidades sociales en la isla, especialmente en ámbitos donde la respuesta pública ha sido limitada.
En otro momento de su intervención, Calero también hizo referencia a la situación económica atravesada por la entidad en la pasada legislatura insular, asegurando que durante el actual mandato se han recuperado servicios mediante la fórmula del concierto social impulsada desde el Cabildo de Lanzarote.
La parlamentaria reclamó que las denuncias sobre posibles irregularidades se tramiten por las vías administrativas o judiciales correspondientes cuando existan indicios sólidos, en lugar de generar alarma pública sin base acreditada.
