Caen dos empresarios y 14 trabajadores por una trama de explotación laboral
La Policía Nacional ha desmantelado en Lanzarote una red de explotación laboral que operaba en varias obras de la isla y que obligaba a trabajadores extranjeros en situación irregular a suplantar la identidad de otras personas dadas de alta en la Seguridad Social.
El operativo, bautizado como “Operación Bordillo”, se desarrolló de forma conjunta entre la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), y ha concluido con 16 detenidos, entre ellos dos empresarios de la construcción.
Las actuaciones se llevaron a cabo el pasado martes 4 de noviembre con inspecciones simultáneas en cinco grandes obras de los municipios de Arrecife, Yaiza, San Bartolomé y Teguise, donde fueron localizados 14 trabajadores irregulares que habían sido instruidos para memorizar datos personales de terceros con el fin de hacerse pasar por ellos.
Según la investigación, iniciada a mediados de octubre, la empresa principal proporcionaba a las subcontratas listados de empleados supuestamente legales, pero enviaba a las obras a otros trabajadores sin autorización de residencia ni de trabajo.
A estos les exigían aprender nombres, NIE, filiaciones y demás datos para superar inspecciones, aunque varios de ellos no pudieron reproducir esa información de forma coherente durante la intervención policial.
El método permitía a la empresa mantener a varios empleados operando simultáneamente con una misma identidad, eludiendo el pago de cuotas a la Seguridad Social y obteniendo beneficios ilícitos, todo ello aprovechándose de la vulnerabilidad de los trabajadores.
Los 14 empleados detenidos son ciudadanos extranjeros, doce de ellos sin permiso de residencia, y ninguno con autorización de trabajo en España. Los dos responsables de la empresa fueron arrestados por usurpación de estado civil, falsedad documental y delitos contra los derechos de los trabajadores.
La investigación sigue abierta y tanto la Policía Nacional como la Inspección de Trabajo continúan recopilando pruebas y depurando posibles responsabilidades adicionales en esta trama que salpica al sector de la construcción en la isla.
Eso mismo hacen con la seguridad social y deberían investigar que así estamos
Lo primero es nombrar las empresas y así saber quiénes están detrás de estos delitos. Sobre todo por quiénes están amparados. Porque sin el apoyo de las entidades públicas esto no pasaría.
el permiso de trabajo se lo darían si estuvieran contratados legalmente, pero este no es el caso. Esto va de cuatro mierdas de empresarios que se dedicaban a explorar a la gente para ahorrarse un seguro y pagarles una porquería. No hay más.
Esto es de risa ,xque no se les da un permiso de trabajo ,que se están ganando la vida ,prefieren que estén sin trabajar y buscarse la vida ilegalmente,y detener a quien les da trabajo ,