CC denuncia que la situación urbana de Playa Quemada no se aclaró en 2023
Coalición Canaria (CC) en Lanzarote ha censurado la falta de respuesta del anterior gobierno del Cabildo a un requerimiento judicial formulado en enero de 2023 para que se certificara la clasificación urbanística del suelo de Playa Quemada, en el municipio de Yaiza. La solicitud fue cursada por un juzgado en el marco de un procedimiento relacionado con los terrenos del antiguo Plan Parcial Costa Playa Quemada que podría permitir la creación de hasta 300 camas turísticas en la zona.
Según expuso el portavoz del Grupo Nacionalista en el Cabildo, Samuel Martín, la revisión del expediente administrativo pone de manifiesto que la institución insular no remitió al juzgado la certificación solicitada sobre si el ámbito tenía la consideración de suelo urbanizable o rústico, pese a tratarse de una cuestión relevante desde el punto de vista jurídico, territorial y económico, según los nacionalistas.
El requerimiento judicial se refería a los terrenos afectados por un planeamiento aprobado en los años noventa que contemplaba un desarrollo turístico-residencial con campo de golf y alojamientos, que nunca llegó a ejecutarse. De acuerdo con la legislación territorial de Canarias, la falta de desarrollo en los plazos establecidos conlleva la pérdida de los derechos urbanísticos y la reclasificación del suelo como rústico, un criterio que ha sido respaldado posteriormente por resoluciones judiciales.
Martín recordó que el Plan General de Ordenación Urbana de Yaiza aprobado en 2014 ya desclasificó estos terrenos, fijando su condición de suelo rústico, una interpretación que fue reforzada por una sentencia del Tribunal Supremo en 2020 que declaró la nulidad del planeamiento vinculado a este ámbito.
Impacto territorial
Desde CC se subraya que la clasificación del suelo tiene consecuencias directas en su valoración económica y en los procesos judiciales asociados, entre ellos la subasta de fincas vinculadas al antiguo plan parcial. En este contexto, los nacionalistas consideran que una certificación clara en 2023 habría contribuido a reducir la inseguridad jurídica que afecta a la zona desde hace décadas.
El secretario general de CC en Lanzarote y La Graciosa, Pedro San Ginés, recordó que el asunto fue llevado inicialmente al debate público por el grupo nacionalista en el Ayuntamiento de Yaiza, tras conocerse la posible reactivación del planeamiento. Por su parte, el portavoz municipal Emilio Machín señaló que la nulidad del planeamiento y la falta de adaptación a un marco legal actualizado han generado un vacío territorial que afecta tanto a vecinos como a la gestión urbanística municipal.
Coalición Canaria cuestiona asimismo la propuesta planteada recientemente para que el Cabildo adquiera estos suelos y reclama claridad sobre los objetivos de dicha iniciativa, insistiendo en la necesidad de reforzar la seguridad jurídica en la ordenación del territorio insular.
