Lanzarote y Fuerteventura rechazan el modelo de renovables de Zapata
Los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura han hecho público un manifiesto conjunto en el que expresan su rechazo al modelo de Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) promovido por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica y Energía que dirige el Manuel Hernández Zapata para impulsar la implantación de energías renovables en el archipiélago.
El documento, firmado por los presidentes de ambas instituciones insulares, Oswaldo Betancort y Lola García, plantea la necesidad de que la transición energética se desarrolle teniendo en cuenta las particularidades territoriales y paisajísticas de las islas.
La publicación inicial de los mapas que delimitan estas zonas ha generado debate en ambas islas, donde distintos sectores sociales han mostrado preocupación por la posible implantación de grandes instalaciones energéticas en suelo rústico.
Según recoge el manifiesto, los cabildos consideran que la filosofía de las ZAR, basada en agilizar los procedimientos administrativos para este tipo de proyectos, podría entrar en conflicto con el modelo territorial y paisajístico de Lanzarote y Fuerteventura.
Prioridad para instalaciones en edificios
Las dos instituciones insulares recuerdan que la normativa autonómica ya establece la prioridad de instalar energías renovables en cubiertas y edificaciones existentes antes de ocupar nuevos suelos.
En este sentido, citan la Ley de Regulación del Sector Eléctrico Canario y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, que fomentan la instalación de sistemas fotovoltaicos en edificios de nueva construcción, reformas integrales y también en edificaciones ya existentes.
Los cabildos plantean que antes de destinar nuevos espacios en suelo rústico a instalaciones energéticas se realicen estudios que determinen el potencial real de producción renovable en cubiertas e infraestructuras disponibles.
Además, las instituciones insulares expresan su preocupación por la eliminación de determinados procesos de evaluación ambiental para proyectos ubicados en Zonas de Aceleración de Renovables, medida adoptada mediante un decreto autonómico aprobado en enero de 2026.
En el manifiesto se solicita al Parlamento de Canarias que restituya la obligatoriedad de la evaluación ambiental para todos los proyectos de energías renovables que se pretendan instalar en estas áreas.
Otra de las cuestiones planteadas es la necesidad de que los cabildos mantengan capacidad de decisión en la planificación territorial relacionada con este tipo de instalaciones, al tratarse de competencias vinculadas a la ordenación del territorio y el paisaje.
