El Cabildo lanzaroteño rechaza la moción de Vox sobre la “prioridad nacional”
El pleno del Cabildo de Lanzarote rechazó este jueves la moción presentada por Vox en la que se instaba a “garantizar la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles”, en un debate marcado por la confrontación política y las críticas al contenido de la iniciativa.
La propuesta, defendida por el consejero Óscar Pérez (imagen inferior) fue rechazada por unanimidad tras no prosperar tampoco una enmienda planteada por el Partido Popular. El portavoz popular, Ángel Vázquez, explicó que su grupo intentó matizar el texto al considerar que contenía elementos de “deriva anticonstitucional”, pero Pérez rechazó integrar dicha modificación.
Durante su intervención, el consejero de Vox acusó al resto de grupos de emplear “discursos confusos sobre quiénes son españoles”, defendiendo el concepto de prioridad nacional como una medida para proteger los recursos públicos.
Sin embargo, la respuesta del resto del plenario fue contundente. El consejero del Grupo Mixto, Armando Santana, llegó a afirmar que el reglamento debería impedir que se debatan iniciativas que, a su juicio, constituyen “un caldo de cultivo de odio muy peligroso”.
Desde el Partido Popular, Ángel Vázquez subrayó que “las coaliciones políticas son respetables, pero eso no implica compartir todos los ideales”, marcando distancias con el planteamiento de Vox pese a los acuerdos que ambas formaciones mantienen en otros ámbitos.
Por su parte, los grupos del PSOE y Coalición Canaria defendieron la constitucionalidad del marco vigente y los procesos reglados para la regularización de personas migrantes, rechazando cualquier medida que suponga discriminación en el acceso a derechos y servicios públicos.
Una polémica de alcance nacional
El debate en Lanzarote se enmarca en una controversia política más amplia en España en torno al concepto de “prioridad nacional”, impulsado por Vox en distintas instituciones.
Esta propuesta plantea dar preferencia a los ciudadanos españoles frente a los inmigrantes en el acceso a servicios como la sanidad, la vivienda o las ayudas sociales . La iniciativa ha generado fuertes críticas por parte de otros partidos, que la consideran contraria a principios constitucionales y potencialmente discriminatoria, mientras que Vox la defiende como una forma de proteger el Estado de bienestar.
En las últimas semanas, el debate se ha intensificado tanto en el Congreso como en gobiernos autonómicos, donde incluso el Partido Popular ha mostrado discrepancias sobre su alcance y encaje legal .
Además, la estrategia de Vox pasa por trasladar esta discusión a ayuntamientos y cabildos de toda España, promoviendo mociones similares para forzar posicionamientos del resto de fuerzas políticas
