Oswaldo Betancort reclama actualizar el Registro Vitícola de Canarias
El presidente del Cabildo de Lanzarote y consejero insular de Agricultura y Ganadería, Oswaldo Betancort, ha solicitado al Gobierno de Canarias que se agilice la actualización del Registro Vitícola de Canarias, un requisito para que los productores de Lanzarote y La Graciosa puedan acceder a ayudas públicas, entre ellas las del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI).
La petición fue trasladada este jueves al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Ejecutivo autonómico, Narvay Quintero, durante un encuentro de trabajo celebrado en la Granja Agrícola Experimental de Lanzarote con profesionales del sector primario. En la reunión se abordaron las dificultades que afrontan algunos viticultores para formalizar su inscripción o actualizar sus datos en el registro.
El Registro Vitícola constituye una herramienta administrativa necesaria para acreditar la actividad productiva y concurrir a las distintas líneas de apoyo económico. Según se expuso en el encuentro, existen expedientes pendientes de actualización que están condicionando el acceso a estas ayudas por parte de productores de ambas islas.
Desde el Gobierno de Canarias, el consejero Narvay Quintero mostró su disposición a reforzar los medios necesarios para culminar el proceso de actualización. Entre las medidas planteadas se encuentra la reactivación de controles de campo, el refuerzo de las herramientas de gestión existentes y una mayor coordinación con los consejos reguladores y la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR).
La Consejería anunció la puesta en marcha de un plan de choque con plazos definidos, orientado a resolver los expedientes pendientes y a garantizar una tramitación más ágil y transparente de las ayudas vinculadas al sector vitivinícola. El Cabildo de Lanzarote valora que la actualización del registro permita dotar de mayor seguridad administrativa a los viticultores y facilite el acceso a los recursos públicos destinados a sostener la actividad agraria, considerada estratégica para la economía rural y el paisaje insular.
