La Justicia anula en primera instancia la exclusión de San Bartolomé del FDCAN
La Justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de San Bartolomé en su pulso con el Cabildo de Lanzarote por la exclusión de un proyecto municipal de los fondos del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN). El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado nula la resolución insular que dejó fuera de financiación el proyecto de intervención urbana en la calle Constitución, al considerar que se vulneraron las garantías procedimentales básicas.
Al tratarse de una resolución dictada por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Según recoge la sentencia, el Cabildo no concedió trámite de audiencia al Ayuntamiento antes de decidir qué proyectos municipales resultaban beneficiarios de los fondos canarios, un paso obligatorio que permite a las administraciones afectadas defender sus intereses y formular alegaciones. Esta omisión, señala el fallo, impidió a San Bartolomé participar en igualdad de condiciones en un proceso que afecta directamente a su planificación urbana y a la inversión pública en el municipio.
El conflicto se remonta a la decisión insular de excluir el proyecto de la calle Constitución del reparto del FDCAN, unos fondos gestionados a través de la Unidad insular de Coordinación de proyectos que dirige la consejera María Jesús Tovar. Esta decisión fue recurrida por el Ayuntamiento en vía judicial al entender que no se habían respetado los principios de transparencia y participación administrativa.
La sentencia estima íntegramente ese recurso y anula la resolución del Cabildo, aunque no entra a valorar el fondo técnico del proyecto ni garantiza de forma automática su financiación.
Desde el Ayuntamiento, el alcalde Isidro Pérez ha valorado el fallo como un respaldo a la posición municipal, subrayando que la resolución judicial confirma que el consistorio fue apartado del proceso sin ser escuchado previamente. El regidor insistió en que el municipio debe poder participar en igualdad de condiciones en la planificación y distribución de unos fondos que considera esenciales para mejorar los barrios y los servicios públicos.
El proyecto afectado contempla una intervención urbana en la calle Constitución, una de las principales vías del casco de San Bartolomé, con actuaciones orientadas a la modernización del entorno y a la dinamización económica de la zona. Se trata de una actuación que el grupo de gobierno municipal considera estratégica, tanto por su impacto urbanístico como por su efecto en la actividad comercial.
El Cabildo responde
El Cabildo de Lanzarote afirma que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas «ha estimado solo de forma parcial» el recurso presentado por el Ayuntamiento de San Bartolomé contra el Cabildo de Lanzarote en relación con el reparto de los fondos del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).
La resolución judicial declara la nulidad de un acuerdo del Consejo de Gobierno insular, pero descarta que el Cabildo esté obligado a incluir el proyecto de transformación de la calle Constitución dentro de la estrategia insular financiada con estos fondos.
La sentencia analiza la reclamación municipal sobre la no incorporación del proyecto denominado ‘intervención urbana en la calle Constitución’ a la Estrategia Lanzarote 2016-2025. El fallo deja claro que el órgano judicial no entra a valorar la inclusión de proyectos concretos ni posibles indemnizaciones, al considerar que estas pretensiones exceden su competencia y carecen de los trámites administrativos previos necesarios.
Reparto de fondos y estrategia insular
Según los datos aportados en el procedimiento, al municipio de San Bartolomé le correspondía en 2024 una cuantía total de 611.975 euros con cargo al FDCAN. De ese importe, el Cabildo incluyó en la estrategia insular el proyecto ‘De Molina a Molina’, con una dotación de 500.661,82 euros, una actuación que inicialmente estaba prevista con financiación europea y cuya ejecución se encontraba comprometida por retrasos administrativos.
Una vez asignada esa cantidad, la Corporación insular solicitó al Ayuntamiento la presentación de un proyecto adicional por un máximo de 111.311,18 euros, con el objetivo de completar la cifra total correspondiente al municipio. Este extremo figura en la documentación del reparto y ha sido uno de los elementos centrales del conflicto entre ambas administraciones.
El Cabildo sostiene que el reparto del FDCAN se ha realizado de forma homogénea entre los siete municipios de la isla, a diferencia de ejercicios anteriores en los que algunos consistorios no recibieron financiación con cargo a estos fondos. La institución insular ha anunciado que sus servicios jurídicos presentarán recurso contra la sentencia dentro del plazo legal, al considerar que las decisiones adoptadas contaron con respaldo técnico y jurídico.
