Canarias exige seguridad jurídica en los traslados de menores migrantes
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, participó en una nueva reunión del comité interadministrativo Canarias-Estado, celebrada para coordinar el cumplimiento de los autos del Tribunal Supremo sobre el traslado de menores migrantes no acompañados con protección internacional.
En el encuentro, el Estado avanzó que estudia utilizar el nuevo Real Decreto como vía para efectuar traslados de menores desde Canarias a la Península, una medida que se considera clave para aliviar la presión en el archipiélago y garantizar un marco jurídico seguro.
Delgado recordó que el Ejecutivo autonómico ya había solicitado al Tribunal Supremo que se pronunciara expresamente sobre esta posibilidad, dado que “el reparto ordinario no puede aplicarse a los menores con protección internacional y es el Supremo quien debe dirimir esta cuestión para dar plena seguridad jurídica a este procedimiento”.
Durante la reunión, el Gobierno central se comprometió a incrementar el número de derivaciones y a establecer una planificación con un mes de antelación, una medida largamente reclamada por Canarias que permitirá organizar los expedientes con mayor previsión y garantías.
En la práctica, esta mejora comenzará a notarse de inmediato. Según informó el Estado, la próxima semana saldrán de Canarias 39 menores, que se sumarán a los 20 que tienen prevista su salida este miércoles, dentro de un calendario que busca acelerar la redistribución hacia comunidades de la Península.
No obstante, Delgado advirtió que aún no ha llegado el documento oficial que convierte en efectiva la declaración de contingencia migratoria prevista en el Real Decreto. Tampoco se han establecido instrucciones desde el Ministerio ni desde la Delegación del Gobierno para coordinar la documentación y expedientes, un paso imprescindible para cumplir lo dispuesto en la norma.
“Canarias cumplirá con su parte, pero necesitamos pautas claras y un marco seguro para poder tramitar los expedientes con rapidez y eficacia. Nuestra prioridad sigue siendo proteger el interés superior de los niños y niñas que están bajo nuestra tutela y cumplir lo que marcan los autos judiciales”, concluyó la consejera.
