El TSJC da la razón al Canal pero la sentencia no tiene efectos prácticos
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado íntegramente el incidente de ejecución presentado por Canal Gestión Lanzarote, obligando al Consorcio del Agua de Lanzarote a adoptar las medidas necesarias para actualizar y abonar las tarifas correspondientes a los años 2020 a 2023. Sin embargo, desde el propio Consorcio y el Cabildo insular se asegura que esta sentencia carece de efectos prácticos, ya que la revisión fue tramitada y posteriormente rechazada por la Comisión de Precios de Canarias.
La sentencia del TSJC hace referencia a una reclamación presentada por Canal Gestión tras el incumplimiento de lo estipulado en el contrato de concesión suscrito en 2013, que fijaba una fórmula de actualización de tarifas basada en el IPC+1%. A pesar de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Las Palmas ya había fallado en 2021 a favor de la concesionaria, el Consorcio no aplicó dicha actualización, generando un desequilibrio económico que Canal Gestión cifra en más de 35 millones de euros.
No obstante, el presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort, ha desmentido categóricamente que esta sentencia obligue al abono de cantidad alguna. “La revisión ya fue tramitada y sometida al dictamen de la Comisión de Precios, que se pronunció en contra de la subida. Canal Gestión está vendiendo una victoria judicial que no tendrá impacto económico en Lanzarote ni en La Graciosa”, afirmó.
Desde el Consorcio se recuerda además que no existe ninguna sentencia firme que obligue al pago de los 35 millones reclamados, ya que, para determinar ese posible desequilibrio, primero debía aprobarse la subida de tarifas, algo que fue desestimado por unanimidad por la Comisión de Precios en octubre de 2024.
Dicho organismo justificó su negativa en la elevada pérdida de agua en la red de distribución, superior al 56%, y en la ineficiente gestión del ciclo integral del agua por parte de la concesionaria. “No es justo trasladar el coste de una mala gestión a la ciudadanía”, concluye la resolución.
El Consorcio también recuerda que, durante la pasada legislatura, se adelantaron 1,5 millones de euros a Canal Gestión en previsión de una posible deuda por la revisión tarifaria de 2017 a 2019, una deuda que ahora se considera inexistente y que será reclamada.
El consejero de Aguas, Domingo Cejas, insiste: “No hay sentencia que obligue a pagar ni un euro. Canal Gestión busca generar alarma social en un contexto en el que se estudia la rescisión del contrato por incumplimientos reiterados”.
