Un vecino se enfrenta a un desalojo tras una disputa legal con la Diócesis canaria

José Fernando Herrera Guillén, vecino de Lanzarote, se enfrenta a un desahucio programado para el próximo 28 de febrero, tras un largo litigio con la Diócesis de Canarias y la empresa mercantil Iveco. Herrera denuncia que la vivienda, que pertenece a su familia desde los años sesenta, ha sido vendida sin respetar un contrato previo que garantizaba su uso vitalicio, según han comunicado desde la Asociación de Vecinos de Titerroy, en la capital lanzaroteña.

José Fernando Herrera, de 60 años, ha solicitado ayuda urgente ante la amenaza de ser desalojado de la vivienda que ha ocupado durante toda su vida. Según relata, la casa, ubicada en una propiedad que fue donada originalmente para ayudar a personas necesitadas, fue inscrita a nombre de la Diócesis de Canarias y posteriormente vendida a la empresa Iveco por 60.000 euros. Esta transacción ha desencadenado un conflicto legal que culminará con su desahucio en menos de seis semanas, tal y como detalla.

Herrera argumenta que la venta de la vivienda incluyó una cláusula en la que se comprometía a respetar el uso vitalicio de los actuales ocupantes, o a proporcionarles una vivienda de igual calidad y superficie. “Tengo copia de dicho contrato, firmado el 6 de junio de 2006, pero parece que no lo quieren cumplir”, declara. Pese a presentar esta evidencia ante los tribunales, el proceso ha resultado adverso para él.

La vivienda, según explica, fue entregada a su familia en los años sesenta gracias a una donación de terrenos destinados a construir casas para personas en situación vulnerable. Sin embargo, tras la muerte de su madre, quien había logrado una sentencia favorable para permanecer en la vivienda, José Fernando se convirtió en el objetivo de una nueva denuncia por precario.

Herrera, que comparte la vivienda con su hermano y su sobrina menor de edad, asegura que el conflicto ha tenido graves consecuencias en su salud. “Esta situación de estrés e impotencia ha empeorado mi estado de salud. Hace poco fui sometido a una cirugía abdominal y, pocos días después, sufrí un infarto”, explica. Ahora, solicita la intervención de cualquier administración pública o entidad privada que pueda mediar para evitar el desalojo.

Un caso que genera indignación

El caso de José Fernando ha despertado la indignación de algunos colectivos sociales que cuestionan las decisiones de la Diócesis de Canarias y las acciones de la empresa Iveco. La historia ha puesto en el centro del debate la gestión de bienes destinados originalmente a fines sociales y cómo estos pueden terminar en manos privadas en detrimento de los derechos de los más vulnerables.

“Solo quiero justicia”, expresa Herrera. “No pido que me regalen nada, pero sí que se respete el contrato firmado y se garantice un techo para mi familia”.

A pocas semanas del desalojo, Herrera espera que su petición sea atendida. Mientras tanto, hace un llamado a las autoridades locales, al Gobierno de Canarias y a la sociedad en general para que intervengan y eviten que él y su familia queden sin hogar.