Un juez clausura un centro de menores en Canarias por presuntos delitos graves
El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, en su calidad de juzgado piloto en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, ha ordenado este lunes la clausura y el precinto judicial del centro de menores Emena La Fortaleza I, ubicado en la localidad de Monte Lentiscal, en Santa Brígida. Ya hace unas semanas, el Gobierno de Canarias tenía que cerrar otro centro de menores en Playa Honda (Lanzarote) por malas condiciones.
La decisión judicial de este lunes se ha producido tras una entrada y registro practicada por la Policía Autonómica, que ha intervenido en el centro ante la existencia de «numerosas evidencias y testimonios» que apuntan a la presunta comisión de diversos delitos de gravedad. Entre ellos, se investigan lesiones, delitos de odio, omisión del deber de impedir delitos, amenazas y delitos contra la integridad moral.
El centro, gestionado por la entidad Quórum 77, acogía a menores extranjeros no acompañados (menas) bajo tutela del Gobierno de Canarias. Las actuaciones judiciales se enmarcan en las diligencias previas 2623/2024, que permanecen bajo secreto de sumario.
La intervención se ha basado en denuncias y declaraciones que apuntan a un supuesto contexto de abusos sistemáticos hacia los internos, vulnerando sus derechos fundamentales. El juzgado ha considerado que existía un riesgo real para la integridad de los menores, motivo por el cual ha procedido a la clausura inmediata del centro.
Reacción institucional y medidas urgentes
El Juzgado ha librado oficio a la Consejería competente del Gobierno de Canarias, solicitando que se adopten las medidas necesarias para garantizar el bienestar y la protección de los menores que residían en La Fortaleza I. La notificación se ha producido de forma oficial tras la resolución judicial emitida este lunes.
Aunque por el momento no se han ofrecido declaraciones públicas desde la administración autonómica ni desde la entidad gestora, se espera que se articulen dispositivos de emergencia para reubicar a los menores afectados y ofrecerles atención psicológica, jurídica y social.
Investigación bajo secreto de sumario
Las pesquisas continúan abiertas y se encuentran en una fase preliminar, por lo que los detalles concretos de los hechos investigados no han sido revelados. No obstante, la gravedad de los presuntos delitos y la decisión de cerrar el centro de forma inmediata sugieren la existencia de indicios sólidos por parte de la autoridad judicial.
La clausura de La Fortaleza I reabre el debate sobre el modelo de gestión de los centros de acogida de menores y el control efectivo por parte de las administraciones responsables. Diversas organizaciones de defensa de la infancia han reclamado en otras ocasiones una mayor supervisión institucional y el refuerzo de mecanismos de denuncia internos y externos.
Este caso se produce en un contexto en el que Canarias acoge a un elevado número de menores migrantes no acompañados, una situación que ha tensado los recursos de acogida y ha generado diversas controversias políticas y sociales en los últimos años.
(Foto: imagen de archivo)
