Políticas alérgicas a la calma: el “riesgo sanitario” como comodín
Decir “riesgo para la salud pública” siempre impacta. El problema es cuando se usa como fórmula política más que como advertencia fundada. En Lanzarote, los dos últimos episodios han colocado ese concepto en el centro del debate, a medio camino entre la legítima preocupación y la sobreactuación partidista.
El primero saltó el lunes. El PSOE acusó al Cabildo de repartir semillas de ricino -una planta de alto poder tóxico- a varias decenas agricultores de la Isla bajo la creencia de que eran judías. La sola palabra “ricino” basta para alarmar: unas cuantas semillas pueden provocar desde vómitos y diarreas hasta fallo multiorgánico. Los socialistas hablaron de “riesgo para la salud pública”, mientras el grupo de gobierno defendió que se detectó el error a tiempo, se avisó a los receptores y que, en la práctica, no hubo peligro. Alarma lanzada, alarma desmentida.
El segundo caso no lo lanzó la oposición, sino el propio grupo de gobierno insular. El consejero de Medio Ambiente, Samuel Martín, anunció el cierre temporal de la caza en Haría tras la aparición de decenas de animales envenenados en las últimas semanas: perros, gatos, aves rapaces, incluso cuervos. La medida, que sigue vigente hoy martes 23 de septiembre, se justificó precisamente en la imposibilidad de garantizar la seguridad de fauna, mascotas y personas en la zona.
La diferencia entre ambos episodios no es menor. En el caso de Haría, existe una amenaza concreta y persistente: cebos envenenados que pueden afectar a cualquiera que pasee por el monte. En el de las semillas, el error fue real, pero las medidas correctoras fueron inmediatas y redujeron el incidente a una anécdota más que a una catástrofe.
Conviene recordar qué merece realmente la etiqueta de “riesgo para la salud pública”: contaminación del agua, brotes infecciosos, alimentos adulterados, vertidos tóxicos, plagas que amenazan la cadena alimentaria. Situaciones en las que la exposición y la gravedad son incuestionables, y en las que la ciudadanía necesita información clara y medidas firmes.
Lo demás es ruido político. Y cuando se confunde ruido con alerta, el riesgo verdadero es otro: que la sociedad deje de creer en las advertencias que sí importan.
(E.H.R)
