Pedro San Ginés reconoce que pudo equivocarse «pero nunca prevaricar”

El ex presidente del Cabildo de Lanzarote, y actual consejero portavoz de Coalición Canaria en la institución, Pedro San Ginés, protagoniza la próxima semana el juicio que abre el juzgado de lo Penal nº3 de Arrecife, donde la acusación particular pide para él 12 años de inhabilitación para cargo público por presunta prevaricación en la incautación en 2014 de la desaladora de Montaña Roja (Playa Blanca), propiedad de Club Lanzarote.

También se sentarán en el banquillo de los acusados el ex secretario del Cabildo conejero, Francisco Perdomo, y el que ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín.

Antes de comparecer ante el tribunal el próximo lunes, San Ginés ha asegurado que pudo equivocarme, “pero nunca prevaricar”. Y en la línea de lo manifestado en los últimos años, insiste el político nacionalista en que no tomó “ninguna decisión a sabiendas de su injusticia, sino justo todo lo contrario; actué creyendo que tomaba la decisión más justa, previo informe verbal del secretario del Consejo Insular”.

La defensa de Pedro San Ginés ha adelantado que al iniciar el próximo juicio alegará el hecho irregular, dicen, de que la acusación la realicen dos personas físicas -los dos ex consejeros de Podemos en la institución (Carlos Meca y Pablo Ramírez)- considerando el abogado de San Ginés que no existe ninguna resolución judicial que haya autorizado a ambos para que sean parte acusadora.

El juicio se iniciará el lunes, y antes del mismo el Ministerio Fiscal ya pidió en su día la absolución del ex presidente; al igual que existió un acuerdo entre la propiedad y el Cabildo conejero por el que fue retirada la denuncia inicial de Club Lanzarote. Otro de los argumentos que exhibirá San Ginés en su defensa serán los requerimientos para que cesara la actividad de la desaladora, recibidos por el Diputado del Común y el Gobierno de Canarias. Y defiende también que “la incautación no causó ningún perjuicio a la Administración o las arcas públicas”.

Por contra, la acusación considera que Pedro San Ginés prevaricó porque no contó con mandato judicial alguno para intervenir e incautar una propiedad privada.