Nona Perera acometería cambios en la gestión de la oficina de Patrimonio

Nona Perera, candidata a presidir el Cabildo por Podemos Lanzarote, ve necesario evitar “injerencias políticas” y crear una «ventanilla única patrimonial» en la Isla. Para ello plantea una batería de medidas “para facilitar los trámites” que las personas propietarias de un inmueble considerado como patrimonio histórico tienen que enfrentar para acometer intervenciones.

En la actualidad, según la candidata, el escaso personal técnico y la complejidad de la administración hace que los expedientes tarden hasta cuatro años en ejecutarse, “poniendo en serio riesgo el valor patrimonial y provocando el rechazo y hastío de la propiedad”.

“En la gestión del patrimonio el tiempo es vital. Hay edificios protegidos en serio peligro de derrumbe que no se intervienen por la saturación de la oficina técnica de Patrimonio”, asegura Perera. El aumento de personal técnico en dos especialistas más, reduciría el tiempo de espera de 1 año a 2 meses y podría compensarse con la reducción del número de asesores de la presidenciaque se prevé para la próxima legislatura con el nuevo reglamento interno del Cabildo y no suponer así un aumento de gasto de dinero público, según su criterio.

Por otro lado, Perera considera esencial la creación de una «ventanilla única de gestión patrimonial que facilite todos los trámites necesarios» para la obtención de los permisos de reforma y así evitar l que define como “gymkana actual”. Así, los ayuntamientos harían de intermediarios entre la propiedad y el servicio de patrimonio del Cabildo, “siendo facilitadores e informadores, así como máximos conocedores de la realidad municipal y la relevancia del inmueble en el espacio histórico local”.

“También es imprescindible la revisión del procedimiento de la visita inicial del personal técnico al bien que solicita la reforma. Dicha visita deberá dejar constancia por escrito y de forma inmediata de toda la documentación necesaria para iniciar el trámite y de las posibilidades reales de la reforma. Esta clarificación facilitará el siguiente paso en el trámite y agilizará el cometido de la propiedad, acortando del mismo modo el tiempo de ejecución”.

Como medida más profunda, Nona Perera propone cambios sustanciales en la composición y funciones de la Comisión Insular de Patrimonio, la cual pasaría a estar formada únicamente por el personal técnico cualificado, consultores externos especialistas convocados por el mismo órgano para aspectos específicos y la consejería de Patrimonio Histórico como único cargo político.

“Injerencias políticas”

“Se reduciría así las injerencias políticas e interesadas que pudieran ponerse sobre la mesa. Si esto hubiera sido así siempre, hoy el Charco de San Ginés hubiera estado catalogado ya como Bien de Interés Cultural, pues este expediente se paralizó hasta dejarlo caducar para beneficiar el interés particular de personas relacionadas con la vida política que para nada representa la identidad cultural e histórica del espacio, rompiendo totalmente la armonía visual del paisaje urbano”, apunta Nona Perera.
 
En cuanto a las funciones de la comisión, deberán estar centradas en la restauración, rehabilitación, conservación, fomento y promoción de los bienes con valores patrimoniales contemplados en la ley, relegando las autorizaciones para fiestas y eventos lúdicos que se celebran de forma regular. Para estas autorizaciones las corporaciones municipales tendrán que diseñar un plan permanente que una vez autorizado por el Servicio de Patrimonio, solo tendrá que ser revisado cuando se produzcan cambios de consideración, tanto en el espacio a ocupar como en la modalidad de los eventos. “En innumerables comisiones lo normal es que de 10 cuestiones a tratar, 7 sean autorizaciones de eventos. Si centramos las comisiones en el estudio de las intervenciones solicitadas, el tiempo de espera que sufre la propiedad se reducirá ampliamente”, asegura la candidata.

Variar el procedimiento

Por otro lado, “el cura no pide permiso para barrer la iglesia, quiero decir, que para pintar la fachada o una puerta, no hay que solicitar autorización al ser una intervención normal de mantenimiento”, recuerda Perera.

Perera defiende que a pesar de la creencia popular de que ser propietaria de un edificio catalogado como histórico solo trae problemas, lo cierto es que no es para nada real.

Muchas de las autorizaciones solicitadas tratan de intervenciones de mantenimiento general que no atentan contra la integridad o identidad del bien protegido por lo que no lo ponen en riesgo, por lo que no necesitan trámites para llevarse a cabo. Según la candidata: “El problema viene porque una vez solicitado, el procedimiento debe completarse aunque éste no sea necesario, saturando así el Servicio. Si somos capaces de informar bien y por escrito a la propiedad, no limitarnos solo a ejecutar informes, el procedimiento sería mucho más ágil y rápido y acabaríamos con la concepción problemática que tenemos sobre el tema”, argumentó la candidata.

Con esta batería de medidas, dice, “Podemos quiere revalorizar y ampliar el catálogo de bienes protegidos, eliminando las barreras administrativas que dificultan la gestión y tenencia de los mismos”.

“Hay que dejar atrás los años de desidia que fomentó la pérdida irreparable de edificios como la Casa Carrasco (municipio de San Bartolomé) o el Centro de Higiene Rural, conocido como maternidad y que tuvo su último uso como sede de la policía nacional en Arrecife, perdido para siempre a pesar de sus valores. Este propósito solo es posible con la colaboración de los ayuntamientos, que deben cumplir sus obligaciones fiscales con este tipo de protección, como es la exención de impuestos o la subvención de las obras de intervención de forma diligente y así fomentar la ampliación del catálogo”, concluye.