María Dolores Corujo acusa a CC de trasladar competencias al Estado
La diputada socialista por Las Palmas y secretaria general del PSOE de Lanzarote, María Dolores Corujo, cargó este miércoles en el Congreso de los Diputados contra Coalición Canaria por, a su juicio, reclamar al Estado soluciones que corresponden al Gobierno autonómico.
Durante su intervención parlamentaria, Corujo sostuvo que la formación nacionalista “renuncia al autogobierno” al exigir al Ejecutivo central medidas que Canarias puede desarrollar dentro de sus propias competencias. La parlamentaria centró sus críticas en el actual Gobierno regional, integrado por Coalición Canaria y Partido Popular.
La diputada defendió además la actuación del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez en relación con las Islas, y recordó que recientes decretos estatales han incluido medidas específicas para el Archipiélago en contextos como la crisis derivada de la guerra en Oriente Medio, la invasión de Ucrania o la pandemia de la COVID-19.
Comparación de ayudas públicas
Corujo destacó entre esas medidas compensaciones por los sobrecostes energéticos de los sistemas insulares, apoyo al transporte marítimo de pasajeros y mercancías, rebajas fiscales vinculadas al gasóleo agrícola y acciones frente al encarecimiento de fertilizantes.
Frente a ello, cuestionó la dimensión de la respuesta económica del Ejecutivo canario. Según expuso, mientras otras comunidades autónomas han movilizado mayores partidas para paliar el impacto de la inflación y los conflictos internacionales, Canarias habría aprobado 29,8 millones de euros, de los cuales 15 millones procederían del Estado.
La dirigente socialista afirmó que esa cifra resulta insuficiente ante los niveles de pobreza, desempleo y riesgo de exclusión social que registra el Archipiélago. También criticó las bonificaciones fiscales aplicadas en materia de herencias, al considerar que reducen capacidad recaudatoria.
Otro de los asuntos abordados fue la petición de Coalición Canaria para flexibilizar las reglas fiscales. Corujo respondió que esa decisión no depende del Gobierno de España, sino del marco europeo y de las instituciones comunitarias.
