Protesta de jueces y fiscales para exigir cambios en el sistema judicial
Los magistrados y fiscales de Canarias, incluyendo los lanzaroteños, se concentraban al mediodía de este jueves a las puertas de los juzgados para denunciar lo que definen como una justicia “condenada a funcionar gracias al esfuerzo personal y responsable de cuantos estamos directamente a su servicio”, según apuntaban en el manifiesto leído hoy y refrendado por distintos partidos judiciales para adherirse a catorce medidas propuestas por las asociaciones judiciales españolas y asumidas por 3.500 jueces.
Entre las demandas de los profesionales judiciales a los poderes Legislativos y Ejecutivo está la solicitud de un proyecto/proposición de ley de reforma de la LOPJ en lo que se refiere al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que recupere el régimen competencial, de organización, funcionamiento y dedicación y garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados, asegurando la igualdad de género y la representatividad.
Lectura en la Ciudad de la Justicia de Gran Canaria.
Otro de los aspectos que demandaron en la lectura de sus exigencias ha sido el que el CGPJ debe amparar de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia.
En el capítulo de modernización del sector, exigen un plan de inversión suficiente y prolongado, en el marco de una organización judicial rigurosa y eficiente, destinado -entre otros aspectos- a incrementar las plantas judicial y fiscal, equiparándolo a la media europea, convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años.
También piden los jueces y fiscales la modernización de los edificios judiciales y fiscalías, y afrontar un proceso de digitalización con los equipos necesarios y los programas de manejo adecuado, que realmente facilite el ejercicio de la función jurisdiccional fiscal en beneficio del ciudadano, en lugar de ralentizarlo.
Mientras tanto, consideran que también deberán de crearse órganos judiciales suficientes para atender al incremento de litigiosidad, hoy en 126 asuntos por cada 1000 habitantes.
Y para mejorar las condiciones profesionales ponían sobre la mesa la necesidad de convocar de forma inmediata la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función; además de un impulso inmediato de la modificación de la LOPJ en lo que a permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal se refiere, entre otros aspectos.
Otro de los asuntos que solicitan es la paralización de la implantación de la justicia digital «en tanto no se garantice el correcto funcionamiento de los programas y equipos», según expusieron hoy.
