Rechazo de ecologistas y vecinos a la colocación de antenas en Masdache
El debate sobre la proliferación de antenas de telecomunicaciones en Canarias ha vuelto a encenderse. Ecologistas en Acción Lanzarote y Ben Magec han denunciado la instalación de nuevas infraestructuras en Masdache (Lanzarote) y Antigua (Fuerteventura), reclamando a las administraciones públicas que actúen con transparencia y apliquen el principio de precaución.
Los colectivos aseguran que estas antenas se están levantando sin tener en cuenta los posibles impactos en la salud de la población ni en el medio ambiente. Critican además la falta de información y participación vecinal, que deja a los residentes en una situación de indefensión.
Según recuerdan, la legislación española se basa en los límites de exposición fijados por la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP), organismo privado cuestionado por conflictos de interés y por desestimar efectos biológicos a largo plazo. En cambio, investigaciones científicas y recomendaciones europeas alertan desde hace años sobre la necesidad de reducir las emisiones y de tener en cuenta los efectos no térmicos de las radiaciones.
De hecho, un estudio global de 2022 concluyó que un 75% de las personas que viven cerca de estaciones base presentan problemas como cefaleas, alteraciones del sueño, depresión, fatiga, pérdida de memoria, náuseas o mayor riesgo de cáncer. A estas dolencias se suma la sensibilidad electromagnética, todavía poco reconocida en el ámbito sanitario y jurídico, según la Ong.
Los ecologistas insisten en que España incumple desde hace más de 11 años la obligación legal de crear una Comisión sobre radiofrecuencias y salud independiente, sustituyendo de facto su papel por el del Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud (CCARS), vinculado al Colegio de Ingenieros de Telecomunicación y con claros vínculos con la industria tecnológica.
En 2024, Ecologistas en Acción remitió un informe al Ministerio de Sanidad denunciando esta situación, y en mayo de 2025 volvió a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo. Entre sus peticiones destacan la recusación de miembros con conflicto de interés, la constitución inmediata de la comisión prevista por ley y la aplicación de las recomendaciones europeas sobre la exposición a radiofrecuencias, especialmente en la infancia.
