Ecologistas cuestionan los permisos a las canteras de jable en zona ZEPA
Ecologistas en Acción Lanzarote ha anunciado la presentación de alegaciones contra la tercera de las canteras de jable cuya autorización ambiental está tramitando la Dirección General de Industria en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Islotes del Norte de Lanzarote y Famara”, que forma parte de la Red Natura 2000, tal y como recuerdan desde el colectivo.
Denuncian precisamente que se estén tramitando en simultáneo diversas autorizaciones en un mismo espacio protegido, “sin evaluar sus impactos acumulativos y sinérgicos”.
Desde Ecologistas en Acción demandan anular o revisar la continuidad en el Plan Insular de Ordenación de la Zona de Actividad Extractiva de Las Melianas, junto a Muñique, pues -según afirman- “la actividad resulta incompatible con la preservación de los valores ambientales y paisajísticos, además de amenazar varias poblaciones de aves en peligro de extinción como la avutarda hubara, el guirre y también la musaraña canaria”.
Añaden los ecologistas que “desde la propia administración se reconocía, veinte años atrás, que la extracción de áridos a cielo abierto es una de las actividades que más está afectando a la integridad de los valores paisajísticos y naturales de la isla”.
Denuncian un cambio de criterio
El colectivo ecologista denuncia que, “mientras en 2018 la Dirección General de Protección de la Naturaleza informó indicando que la ampliación del plazo de vigencia de la autorización debería someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria, el año pasado la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente cambió de criterio exigiendo apenas evaluación simplificada”.
Desde Ecologistas en Acción dicen que darán traslado de estos hechos a la Fiscalía “por si pudiese ser constitutivo de un delito de prevaricación ambiental”.
En todo caso, en sus alegaciones solicitan que se dicte Declaración de Impacto Ambiental desfavorable para las autorizaciones en trámite y se tomen medidas para obligar a las anteriores empresas mineras a restaurar las explotaciones ahora abandonadas.
De lo contrario, advierten, “la nueva proliferación de canteras y otras actividades ilegales como el vertido de residuos amenazan con deteriorar todavía más los valores de esta zona”.
