El Consorcio denuncia la desaparición de actas del concurso acreedor en Inalsa
El expediente del concurso de acreedores de Inalsa está incompleto. Así lo confirmó esta mañana la Junta General de la empresa pública, en una revelación que sacudió la Asamblea del Consorcio del Agua celebrada posteriormente. Según informó la secretaria del Consejo de Administración, han desaparecido actas fundamentales de los años 2009, 2010 y 2011, sin que exista constancia de su retirada ni de su reintegro. El hallazgo ha sido calificado por todos los presentes como “especialmente grave”.
De hecho, se informó que en diciembre de 2022 ya se detectó la ausencia de dichos documentos, y que en febrero de 2023 la desaparición fue puesta en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife. Sin embargo, el asunto cobra ahora una nueva dimensión tras la apertura por parte del Juzgado de lo Mercantil de la pieza de calificación sobre las responsabilidades en la gestión de Inalsa durante el periodo 2007-2009. En ese contexto, la falta de esas actas podría entorpecer un proceso judicial de gran trascendencia para la isla.
Como respuesta inmediata, los asistentes a la Junta General acordaron proponer la creación de una Comisión de Investigación que aclare las circunstancias de esta desaparición documental, proponiendo su formalización en la próxima reunión del órgano.
Rescisión con Canal Gestión
Mientras tanto, el foco de la Asamblea del Consorcio del Agua también estuvo puesto en el avance del procedimiento para rescindir el contrato de gestión del ciclo integral del agua con Canal Gestión. En este sentido, se presentó un informe preliminar jurídico que refuerza la postura del Consorcio frente a las alegaciones presentadas por la empresa concesionaria.
El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort, fue tajante: “Estamos convencidos de que la legalidad está de nuestra parte, porque los incumplimientos de Canal Gestión afectan a obligaciones esenciales del contrato firmado en 2013, como no realizar las inversiones previstas o no reducir las pérdidas de agua al 30%”.
Entre los incumplimientos enumerados destacan la falta de un plan efectivo de detección de fugas, la ausencia de inversiones por más de 54 millones de euros comprometidas para los primeros cuatro años, el impago de cánones obligatorios y la subcontratación indebida de servicios que no eran delegables, como el saneamiento.
Por su parte, el consejero de Aguas del Cabildo, Domingo Cejas, explicó que tras este informe jurídico preliminar se espera ahora la emisión de los informes técnicos del personal del Cabildo, el Consorcio y el Consejo Insular de Aguas. Estos serán clave para formular la propuesta definitiva de resolución del contrato.
Desmontando las alegaciones de Canal Gestión
El informe jurídico presentado rechaza punto por punto las alegaciones de Canal Gestión. Por ejemplo, sostiene que no era necesaria una advertencia previa para iniciar el expediente de resolución, ya que la constatación del incumplimiento es suficiente legalmente. Asimismo, defiende que iniciar un nuevo proceso de adjudicación del servicio sería perfectamente viable para garantizar la continuidad.
En cuanto a la revisión de tarifas, otra de las exigencias de Canal Gestión, el Consorcio recuerda que es la Comisión de Precios de Canarias quien debe autorizar las actualizaciones, y que estas han sido denegadas precisamente por las elevadas pérdidas en la red. “Este debate no es parte del procedimiento actual”, concluye el informe, apuntando que incluso una resolución judicial favorable a Canal Gestión en esta materia no alteraría la existencia de incumplimientos.
El documento también desmonta la idea de que el Consorcio debía invertir fondos propios, y acusa a la concesionaria de confundir colaboración institucional con corresponsabilidad económica.
La jornada dejó al descubierto una doble noticia: por un lado, la del contrato con Canal Gestión, cuestionado desde hace tiempo por su ineficacia e incumplimientos. Por otro, la sorprendente desaparición de documentación clave en un proceso judicial de alto voltaje.
