Denuncia penal a dos empresas de la Isla por sacar jable de suelo protegido

El Destacamento del SEPRONA de Timanfaya, Lanzarote, ha procedido a la investigación de dos empresas y seis personas por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Además, también se procedió a levantar acta de denuncia a 23 personas y 13 empresas que fueron sorprendidas por la Guardia Civil realizando extracción de áridos.

En las primeras actuaciones policiales, los hechos fueron puestos en conocimiento por la Guardia Civil ante la Agencia Natural de Protección del Medio Rural de Canarias, al objeto de solicitar información sobre las autorizaciones para extracción de áridos de estas tres personas.

Estas extracciones, repetitivas a lo largo de año 2020 y 2021 estaban a la espera de respuesta sobre la catalogación del suelo, tratándose finalmente de un suelo rústico de protección paisajística y se concluye que están expresamente prohibidas las actividades extractivas, no siendo compatibles con el planeamiento vigente, tal y como han detallado los investigadores.

Una de las parcela donde se produjo la extracción de jable, se encuentra situada dentro de la Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA) ES0000040 Islotes del Norte y Famara, perteneciente a la RED NATURA 2000, figura de protección europea, hábitat de la hubara canaria (Chlamydotis undulata), ave que se encuentra en peligro de extinción.

Delitos contra el medio ambiente

Según el Código Penal, estos hechos son constitutivos de delito cuando contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, realice directa o indirectamente extracciones o excavaciones en el suelo, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.

Si las anteriores conductas, por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años, según informan desde la Guardia Civil.

Además, se da la circunstancia de que algunos de los investigados también han sido denunciados administrativamente por realizar extracciones de áridos sin las autorizaciones preceptivas en suelo minero.