Comienza el juicio por la incautación de la desaladora de Montaña Roja
La acusación pide inhabilitar de cargo público por prevaricación al ex presidente insular, Pedro San Ginés; y a los técnicos Francisco Perdomo y José Juan Hernández Duchemín.
Diario digital de Lanzarote
La acusación pide inhabilitar de cargo público por prevaricación al ex presidente insular, Pedro San Ginés; y a los técnicos Francisco Perdomo y José Juan Hernández Duchemín.
Tendrán lugar con motivo de la reciente apertura en Lanzarote del Punto de Encuentro Familiar público. Van dirigidas principalmente a profesionales jurídicos; serán telemáticas y gratuitas.
La Audiencia condena a un hombre de 64 años a 17 años y 10 meses de prisión, y marca medidas de alejamiento y multas por los abusos sexuales a dos niñas.
Varios colectivos animalistas y protectoras convocan concentración en Arrecife para exigir la reforma del Código Penal y el endurecimiento de las condenas por el maltrato animal.
Princesa Yaiza solicitó la suspensión del desalojo hasta conocer el fallo del recurso interpuesto contra el acuerdo plenario que lo ordenaba. El Ayuntamiento ha alegado.
Confirma así el tribunal la multa de 720 euros impuesta al propietario de un turismo que llevaba pegada en la luna delantera una pegatina de la ITV de la que no era titular.
Un centenar de abogados/as tinerfeños han recibido en el día de hoy un homenaje del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife por sus 25 años en el Turno de Oficio.
El delito que se le imputa es el previsto en el artículo 318 bis del Código Penal, y puede alcanzar penas de hasta 8 años de prisión, según apuntan fuentes judiciales.
El Tribunal archiva la causa relativa al expresidente de Canarias y senador Fernando Clavijo Batlle al no apreciar delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en su actuación.
Hoy martes se incorporan a sus puestos de trabajo todo el personal en las sedes judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Están preparadas las salas para los juicios.
Las obras han salido a licitación por un importe de 55.371 euros, y deberán estar culminadas en el plazo de tres meses tras su adjudicación, explican hoy desde el Cabildo.
Las medidas acordadas por el CGPJ no comportan el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales que marca el estado de alarma.
El CGPJ incluye la expedición de certificados de fe de vida entre los servicios esenciales de los Registros. Son necesarios para mantener la pensión en varios supuestos y también para el “bono social”.
La autoridad judicial impone también en la provincia pena de multa a un hombre de 50 años de edad por pedir limosna en la cola del supermercado de forma reiterada.