Canarias no acepta la transferencia de Costas sin dotarla de personal

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, ha subrayado este miércoles en el Parlamento de Canarias que, aunque el propósito es que la transferencia de Costas a la Comunidad esté resuelta el 1 de julio, “no se realizará si las condiciones ofrecidas por el Estado no son las adecuadas”.

En respuesta al diputado del Partido Popular Fernando Enseñat sobre cuándo está previsto llevar a cabo esta transferencia de costas, ha explicado que ambas administraciones llevan tres años manteniendo conversaciones para gestionar este traspaso. El titular de Administraciones Públicas ha detallado que actualmente están debatiendo el importe, naturaleza, calidad y cantidad de los medios que se traspasan. Según comentó, en este punto se ha suscitado una discusión técnica porque el Estado sostiene que se transfiere lo que hay, acogiéndose a una norma de 1995; mientras que Canarias entiende que “debe ser reinterpretada”, pues en las islas la dotación de personal de los servicios de Costas “es insuficiente”, debido a la limitación de la tasa de reposición de funcionarios. Aclaró que esto ha impedido aumentar su número en los últimos años, lo que no ocurrió ni en Cataluña ni en Andalucía dadas las fechas de sus traspasos, según anotaba el consejero.

Julio Pérez ha hecho hincapié en que el Gobierno de Canarias “no puede aceptar que se le traspase la competencia en Costas en esas condiciones, pues el objetivo es poder ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, como ocurrió con la Educación o la Sanidad… Se trata”, ha manifestado, “de que los ciudadanos noten que el traspaso mejora la calidad de los servicios, no de que sigan igual”.

Competencias y los expedientes

Durante estos tres años se han dado pasos importantes, según ha defendido Pérez, al ganarse determinadas discusiones con el Estado. “Es un error decir que se está igual que el primer día”.

En este sentido, explicaba el consejero que, en concreto, se han producido mejoras tras la discusión sobre las competencias, servicios o funciones; al aceptarse la posición de Canarias y el Estado dar marcha atrás.

Y otra de los debates que han sido solventados, según Pérez, estaba relacionado con los expedientes en curso: si debían seguir en manos del Gobierno estatal, tal y como se pretendía en un primer momento, o tenían que traspasarse a Canarias, lo que al final ha sucedido. “También aquí el Estado ha dado marcha atrás”, anotaba hoy en la Cámara el responsable de Administraciones Públicas.