Propuesta insular a los siete municipios para unificar las plazas PMR
El Pleno del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha aprobado este martes una moción presentada por Coalición Canaria (CC) para promover la gratuidad de las plazas de estacionamiento reservadas a personas con movilidad reducida (PMR) en los siete municipios de la Isla.
El acuerdo plantea que las administraciones locales avancen hacia unos criterios comunes en sus ordenanzas fiscales, ya que actualmente las condiciones económicas y administrativas vinculadas a estas reservas no son iguales en todo Lanzarote.
En algunos municipios las plazas PMR están exentas de tasas, mientras que en otros pueden existir costes relacionados con la reserva del espacio, la ocupación de la vía pública, la tramitación del vado o la instalación y mantenimiento de la señalización. La propuesta aprobada busca que estos gastos dejen de recaer sobre las personas que cumplen los requisitos para disponer de una tarjeta PMR.
Entre los acuerdos figura también la elaboración de un diagnóstico insular que permita conocer cuántas plazas públicas reservadas existen actualmente para personas con movilidad reducida, dónde están ubicadas y si responden a los estándares establecidos por la normativa vigente.
El estudio pretende ofrecer una visión conjunta de la situación de Lanzarote y servir de base para mejorar la coordinación entre el Cabildo y los siete ayuntamientos en materia de accesibilidad y estacionamiento.
La moción insta además a las corporaciones municipales a coordinar sus ordenanzas fiscales para avanzar hacia criterios comunes en las plazas PMR nominales, aquellas vinculadas a la residencia o al lugar de trabajo de una persona beneficiaria.
El acuerdo contempla que la exención alcance tanto la tramitación de la solicitud de reserva como la ocupación de la vía pública y los gastos derivados de colocar la señalización correspondiente.
El consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo, Marci Acuña, ha señalado que la medida pretende evitar diferencias económicas entre municipios y ha defendido que la accesibilidad no debe estar condicionada por el lugar en el que viva o trabaje una persona con movilidad reducida.
La aplicación efectiva de la propuesta dependerá, no obstante, de los ayuntamientos, ya que son las administraciones municipales las competentes para modificar sus respectivas ordenanzas fiscales.
Para facilitar ese proceso, el Cabildo se ha comprometido a ofrecer asistencia técnica y jurídica a las corporaciones locales que la soliciten. Esa colaboración estará orientada a la modificación de las tasas relacionadas con la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
