Dos decretos para cambiar las reglas entre inquilinos y propietarios
El Gobierno ha cerrado este martes, después de varias horas de negociación, su nuevo paquete de medidas sobre vivienda. El Consejo de Ministros ha aprobado finalmente dos reales decretos-ley en lugar de uno, una fórmula que permite separar las medidas de protección frente a situaciones de vulnerabilidad de la renovación automática de los contratos de alquiler. El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ha pedido además al Congreso que celebre este viernes un pleno extraordinario para votar ambos textos.
El acuerdo llega después de una negociación hasta el último momento entre los socios del Gobierno. La reunión del Consejo de Ministros comenzó con una hora de retraso y las conversaciones se prolongaron durante la mañana antes de cerrar el contenido definitivo. Ahora el principal obstáculo se traslada a la Cámara Baja, donde los decretos necesitan ser convalidados para mantenerse en vigor.
Uno de los principales cambios es la ampliación hasta 2030 de la protección frente a determinados desahucios de personas en situación de vulnerabilidad que no dispongan de una alternativa habitacional. El paquete incorpora también una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler vigentes que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028.
El primer decreto incluye además medidas para regular los alquileres de temporada y por habitaciones, así como el veto hasta 2028 a determinadas operaciones de compra de vivienda por parte de los denominados fondos buitre. El paquete contempla igualmente medidas fiscales para arrendadores e inquilinos y actuaciones destinadas a incrementar y proteger el parque de vivienda pública.
El segundo texto se centra en la estabilidad de los alquileres de vivienda habitual e incorpora la renovación automática de los contratos. Se trata de una de las reclamaciones que Sumar había situado entre sus prioridades durante las negociaciones con el PSOE.
El Ejecutivo ha optado así por separar las medidas en dos votaciones, una decisión que permite llevar al Congreso un bloque amplio de actuaciones y, al mismo tiempo, diferenciar la regulación más estructural de los contratos de las medidas consideradas de aplicación más inmediata.
La tramitación parlamentaria será ahora decisiva. El Gobierno pretende que los dos decretos sean sometidos a votación este viernes, aunque varios grupos ya han expresado discrepancias sobre distintos aspectos del paquete. Junts ha reclamado mayor protección para los pequeños propietarios, mientras Podemos ha cuestionado que las medidas se hayan dividido en dos textos.
La aprobación de este martes supone, por tanto, el cierre de una negociación dentro del Ejecutivo, pero no el final del recorrido de las medidas. Su continuidad dependerá ahora del respaldo que encuentren en el Congreso.
