Betancort contrata al letrado de Aldama y el PSOE habla de persecución judicial

La secretaria insular del PSOE de Lanzarote y diputada nacional por la provincia de Las Palmas, María Dolores Corujo, ha criticado la decisión del Cabildo de Lanzarote de contratar al abogado penalista José María Choclán por un importe de 15.500 euros para la presentación de una querella relacionada con su gestión al frente de la institución insular.

Según ha manifestado la dirigente socialista en un comunicado, esta contratación responde a un intento del presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, de mantener abierta una actuación judicial después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo archivara unas diligencias relacionadas con una denuncia previa en torno al caso Sosa.

Corujo sostiene que la Fiscalía descartó la existencia de indicios penales en la denuncia presentada en su día y considera que la nueva iniciativa judicial carece de fundamento. En ese sentido, afirmó que la contratación de Choclán, conocido por ejercer la defensa del empresario Víctor de Aldama en distintos procedimientos judiciales, constituye «un intento a la desesperada» de prolongar una «persecución judicial» contra su persona.

La dirigente socialista también cuestionó el coste de la contratación y aseguró que el Cabildo destinará 15.500 euros únicamente a la presentación de la querella. A su juicio, el presidente de la institución insular podría haber encargado previamente un informe jurídico externo para determinar la existencia o no de posibles responsabilidades penales, en lugar de contratar directamente a un abogado para formalizar la acción judicial.

Promovido por Coalición Canaria

Asimismo, Corujo ha destacado que, según el PSOE, la contratación contó únicamente con el respaldo de los representantes de Coalición Canaria en el Consejo de Gobierno Insular, circunstancia que, en su opinión, evidencia el carácter político de la decisión.

En sus declaraciones, la secretaria insular del PSOE también rechazó los argumentos empleados por el grupo de gobierno para justificar la actuación judicial y criticó el uso de fondos públicos para sufragar tanto esta contratación como otros gastos relacionados con asesoramiento jurídico.

La contratación de José María Choclán fue aprobada por el Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote con el objetivo de ejercer acciones judiciales en relación con este asunto.

Hasta el momento, el grupo de gobierno insular ha defendido que su actuación responde a la obligación de proteger los intereses de la institución y de los recursos públicos.

El enfrentamiento político entre el grupo de gobierno del Cabildo y el PSOE se mantiene abierto tras el archivo de las diligencias por parte de la Fiscalía y la posterior decisión de la corporación insular de continuar la vía judicial mediante la presentación de una querella.