Prisión para un profesor por los abusos sexuales a tres menores en Lanzarote

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a un profesor de Educación Primaria por tres delitos continuados de abuso sexual cometidos sobre tres alumnas menores de edad durante varios cursos escolares en Lanzarote. La sentencia, dictada el pasado 16 de junio, considera probado que el docente aprovechó la posición de autoridad derivada de su condición de profesor para realizar de forma reiterada actos de carácter sexual sobre las menores cuando estas tenían entre nueve y once años.

Los hechos se remontan al periodo comprendido entre 2015 y 2019 (el condenado ejerció en el centro entre los años 2013 y 2021). Según recoge la resolución judicial, las conductas tuvieron lugar tanto en el ámbito escolar como durante actividades y desplazamientos organizados por el centro educativo.

El tribunal concluye que el acusado realizó diversos tocamientos a las alumnas y otros comportamientos de naturaleza sexual que se repitieron durante varios cursos académicos.

La Sala fundamenta la condena en las declaraciones de las víctimas, que considera consistentes, persistentes y creíbles. Los magistrados destacan además que los testimonios fueron corroborados por antiguos compañeros de clase que comparecieron durante el juicio oral y que relataron situaciones similares observadas en aquella época.

La Audiencia rechaza la versión del acusado

La resolución señala que las menores no identificaron inicialmente aquellas conductas como abusivas debido a la edad que tenían en el momento de los hechos y a la relación de confianza que mantenían con el profesor. Sin embargo, tras valorar el conjunto de la prueba practicada, el tribunal concluye que los hechos tuvieron una clara naturaleza sexual y rechaza la versión ofrecida por el acusado, que negó las acusaciones durante el procedimiento.

Los magistrados sostienen que las declaraciones de las tres denunciantes resultaron persistentes, coherentes y compatibles entre sí. La sentencia destaca además que sus testimonios fueron corroborados por antiguos compañeros de clase que comparecieron durante el juicio oral y que relataron comportamientos similares observados durante aquella etapa escolar.

La Audiencia considera especialmente relevante que varias de las personas que declararon como testigos describieran un trato diferenciado hacia determinadas alumnas, así como conductas que coincidían con los hechos denunciados. Según recoge la resolución, esas manifestaciones reforzaron la credibilidad de las víctimas y permitieron corroborar aspectos esenciales de sus relatos.

Doce años de cárcel

La sentencia también analiza los informes psicológicos realizados a las denunciantes. Las especialistas que intervinieron en el procedimiento apreciaron indicadores compatibles con afectación emocional derivada de los hechos denunciados y concluyeron que los relatos examinados resultaban creíbles. Entre las secuelas recogidas en la resolución figuran síntomas de ansiedad y depresión, además de problemas de autoestima y desconfianza.

Por cada uno de los tres delitos continuados de abuso sexual, la Audiencia Provincial impone al condenado una pena de cuatro años y un día de prisión, lo que suma un total de doce años y tres días de cárcel. Asimismo, le condena a nueve años de inhabilitación absoluta por cada delito al entender que se prevalió de su condición de funcionario público y docente para cometer los hechos.

El fallo establece además la prohibición de aproximarse a las víctimas o comunicarse con ellas por cualquier medio durante un periodo de siete años. A ello se suma una medida de libertad vigilada durante cinco años una vez cumplida la pena privativa de libertad.

La resolución impone igualmente la inhabilitación para desempeñar cualquier profesión u oficio, remunerado o no, que implique contacto habitual y directo con menores de edad. Además, fija una indemnización de 2.000 euros para cada una de las tres perjudicadas por los daños morales sufridos.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

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