Dolores Corujo declara en el caso Sosa y deberá volver a comparecer con letrado
La diputada socialista y expresidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, acudió este miércoles a los juzgados de Arrecife para prestar declaración en calidad de testigo dentro de las diligencias abiertas por la Fiscalía en torno al denominado “caso Sosa”. Sin embargo, la jornada concluyó con un giro inesperado: el Ministerio Público le comunicó que deberá volver a comparecer asistida por un abogado al existir indicios que aconsejan garantizar plenamente sus derechos durante la investigación.
La investigación se centra en un decreto firmado por Corujo en 2021 relacionado con la situación administrativa del entonces consejero insular Juan Manuel Sosa. Según la denuncia presentada ante la Fiscalía por el director insular de Presidencia, David Montes, dicha resolución habría otorgado efectos retroactivos a una dedicación exclusiva que, a juicio de los denunciantes, carecía de la cobertura legal necesaria.
A su llegada a los juzgados, Corujo manifestó su voluntad de colaborar con la investigación y aclarar cualquier duda sobre el decreto cuestionado. La dirigente socialista reconoció que la situación no resultaba agradable, aunque defendió que acudía con tranquilidad para ofrecer las explicaciones oportunas.
No obstante, fuentes de la Fiscalía precisaron posteriormente que Corujo no tiene, por el momento, la condición formal de investigada. El procedimiento se encuentra todavía en una fase preprocesal, destinada a determinar si existen elementos suficientes para presentar una denuncia judicial o, por el contrario, archivar las actuaciones.
La decisión de que vuelva a declarar con asistencia letrada responde, según dichas fuentes, a la necesidad de preservar todas las garantías legales de la expresidenta durante esta fase de análisis.
El denominado “caso Sosa” se ha convertido en uno de los asuntos políticos más sensibles de los últimos años en Lanzarote, al estar vinculado a la controvertida situación administrativa y retributiva del exconsejero insular. La Fiscalía continúa recabando información para determinar si las decisiones adoptadas durante el anterior mandato del Cabildo se ajustaron plenamente a derecho o si, por el contrario, pudieran derivarse responsabilidades de carácter penal.
Mientras avanza la investigación, Corujo afronta un escenario incómodo tanto en el plano político como judicial. Aunque insiste en que actuó conforme a la legalidad, el procedimiento mantiene abierto un foco de incertidumbre sobre una etapa de gobierno que sigue generando controversia en la política lanzaroteña.
