Ezquiaga: “Muchos planes generales se han convertido en crónicas del pasado”
El municipio de Yaiza se convirtió durante dos jornadas en epicentro del análisis jurídico y técnico del urbanismo en Canarias con la celebración del Congreso de Urbanismo y Delitos contra la Administración, un encuentro que reunió a cerca de trescientas personas entre magistrados, juristas, técnicos, responsables públicos y profesionales vinculados al planeamiento territorial.
Organizado por el Ayuntamiento de Yaiza en el salón de eventos del restaurante Amura, en Puerto Calero, el congreso puso sobre la mesa algunos de los grandes retos que afrontan las administraciones públicas: la complejidad del urbanismo, la lentitud de los procedimientos, la falta de medios materiales y humanos y la necesidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo y la protección del territorio.
Uno de los debates centrales giró en torno a la necesidad de compatibilizar el crecimiento económico y social con el respeto al medio ambiente. Los ponentes defendieron que el concepto de desarrollo va mucho más allá del turismo e incluye también infraestructuras esenciales como vivienda, sanidad o educación.
El arquitecto y urbanista José María Ezquiaga advirtió de que muchos planes generales se han convertido en “crónicas del pasado”, defendiendo la necesidad de actualizar los instrumentos de ordenación y de reforzar la participación ciudadana. “El planeamiento no puede ser una foto fija”, afirmó durante su intervención.
Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo Wenceslao Olea recordó que los tribunales deben actuar conforme a la legalidad vigente, insistiendo en la importancia de contar con todos los informes técnicos necesarios para fundamentar correctamente las decisiones urbanísticas.
La transversalidad del género en el planeamiento también centró parte del debate. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Antonio Doreste señaló la importancia de incorporar los informes de impacto de género para evitar posibles nulidades administrativas.
Durante las jornadas también se abordó la corrupción urbanística y las dificultades judiciales para ejecutar sentencias relacionadas con infracciones territoriales. El magistrado Miguel Ángel Torres, conocido por instruir el caso Malaya, defendió un mayor refuerzo de medios para combatir la corrupción y evitar que se asocie automáticamente desarrollo urbanístico con ilegalidad.
El fiscal Miguel Pallarés incidió en la importancia de actuar desde las primeras denuncias urbanísticas para evitar daños irreversibles sobre el territorio, recordando además que en España todavía existen numerosas demoliciones pendientes por infracciones urbanísticas.
El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, valoró muy positivamente la acogida del encuentro y destacó el alto nivel de participación y debate generado entre los asistentes. El congreso contó además con la colaboración del Gobierno de Canarias y del Instituto Canario de Administración Pública.
