El Parlamento de Canarias aprueba la primera ley que regula el alquiler vacacional
El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó este miércoles, 12 de noviembre, la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, la primera normativa autonómica que regula de forma integral el alquiler vacacional en el archipiélago. La ley sustituye al Decreto 113/2015, en vigor desde hace casi una década, y busca poner orden en un sector que ha crecido sin control mientras el acceso a la vivienda se complica en las islas.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, defendió que la ley “marca un antes y un después” al establecer por primera vez reglas claras para propietarios, ayuntamientos y cabildos. La norma pretende compatibilizar la actividad económica del alquiler turístico con el derecho a la vivienda y la convivencia vecinal, uno de los grandes retos en territorios insulares con fuerte presión turística como Lanzarote o Tenerife.
Según el Gobierno autonómico, los ayuntamientos serán los encargados de decidir cómo, dónde y cuántas viviendas vacacionales se permiten en cada municipio, pero no podrán autorizar nuevas durante los próximos cinco años, hasta que aprueben su planeamiento municipal específico. Durante ese periodo, solo los propietarios que ya cumplen con la normativa vigente podrán seguir operando con normalidad.
La nueva ley establece además que el 90% de las viviendas deberán destinarse a uso residencial y solo un 10% podrán dedicarse al uso turístico. Los consistorios tendrán un plazo de seis meses para elaborar sus planes de inspección y control. El Ejecutivo regional ofrecerá a los municipios una ordenanza provisional estándar para acelerar la aplicación de las nuevas normas.
Entre las medidas más destacadas figura la prohibición de destinar Viviendas de Protección Oficial (VPO) a uso turístico, así como la vetación de los pseudohoteles, edificios completos de uso vacacional propiedad de grandes tenedores. También se impide que las viviendas de nueva construcción se alquilen a turistas antes de transcurrir diez años desde su finalización, con el objetivo de frenar la especulación inmobiliaria.
El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, subrayó que la norma “no limita, sino que ordena”, y que busca “poner freno a la gentrificación y a la turistificación que expulsa a los residentes y erosiona el pequeño comercio”. Según los datos aportados por la consejería, más del 55% de las viviendas vacacionales de Canarias están en manos de entidades o propietarios extranjeros, mientras que solo el 44,6% pertenece a personas físicas locales.
El Ejecutivo regional defiende que la nueva legislación ofrece seguridad jurídica y permitirá avanzar hacia un modelo de turismo “más sostenible y responsable”, aunque admite que aún queda trabajo por hacer en su desarrollo reglamentario.
