Una AMPA conejera, forzada a comprar un barracón para sus actividades
La Asociación de Madres y Padres (AMPA) Alisios del CEIP Playa Honda ha hecho pública la difícil situación que atraviesa el centro debido a la falta de espacios para desarrollar las actividades educativas y extraescolares. Según denuncia el colectivo, el alumnado carece de infraestructuras básicas que deberían estar garantizadas por las instituciones competentes.
La queja, difundida este viernes, se dirige al Ayuntamiento de San Bartolomé, a la Dirección Insular de Educación y a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Desde hace meses, el AMPA asegura haber solicitado colaboración sin obtener respuesta, a pesar de lo que consideran un problema urgente que afecta directamente al bienestar y al rendimiento del alumnado.
Ante el silencio institucional, las familias han comenzado a valorar la adquisición de un espacio modular, cuyo coste asciende a 8.000 euros. Esta posibilidad, planteada como medida de urgencia, se financiaría a través de patrocinadores o campañas de micromecenazgo.
“Nos encontramos en una paradoja inaceptable: en un espacio público, las familias debemos recurrir a inversión privada para cubrir necesidades básicas que corresponden a la Administración”, señalan en su comunicado. El AMPA insiste en que no piden lujos, sino un espacio mínimo y digno que permita desarrollar actividades en condiciones adecuadas.
El coste del módulo, que serviría para reuniones, talleres y actividades educativas complementarias, está muy por encima de lo que las familias consideran asumible. Por ello, reclaman que sean las administraciones las que asuman la responsabilidad y financien la infraestructura.
El marco legal que respalda la demanda
Las familias recuerdan que la legislación ampara sus reclamaciones. La Ley Orgánica de Educación (LOE/LOMLOE) establece en sus artículos 118 a 120 que las AMPAs tienen derecho a espacios adecuados y a recibir apoyo material y económico para desarrollar sus funciones.
Asimismo, la Ley Canaria de Educación y el Decreto 81/2010 refuerzan esa obligación, especificando que las administraciones deben garantizar infraestructuras suficientes y apoyar económicamente a las asociaciones de madres y padres. “Si las familias debemos financiar lo que corresponde a las instituciones, se está produciendo un incumplimiento legal y una vulneración del derecho a una educación pública de calidad”, remarcan desde el colectivo.
El AMPA considera que la ausencia de espacios adecuados limita gravemente la participación de la comunidad educativa y frena el desarrollo de actividades que contribuyen a la convivencia, el refuerzo escolar y la conciliación familiar.
Ante la falta de respuesta institucional, las familias hacen un llamamiento doble. En primer lugar, piden a las administraciones competentes que reaccionen de forma inmediata y asuman sus responsabilidades. En segundo, solicitan el apoyo de la sociedad civil, empresas y particulares, para que, en caso de persistir la inacción política, contribuyan a financiar la instalación modular.
