CC acusa a Óscar Noda y advierte de “un parón en el desarrollo” del municipio
La anulación por parte del Tribunal Supremo del Plan General de Ordenación (PGO) Supletorio de Yaiza, aprobado en 2014, ha encendido la crítica política en el municipio. Coalición Canaria (CC) Yaiza ha responsabilizado directamente al alcalde, Óscar Noda, de la grave situación de vacío normativo que afronta el territorio, al considerar que el grupo de gobierno de Unidos por Yaiza (UPY) ha mostrado “despreocupación e ineficacia” en la gestión del planeamiento urbanístico, aseguran los nacionalistas.
Según ha confirmado la formación nacionalista, el fallo judicial ha invalidado en su totalidad el documento que venía sirviendo de base para ordenar el crecimiento del municipio durante la última década. A juicio de CC, esta nulidad supone no solo un obstáculo inmediato a las inversiones y el desarrollo económico local, sino también un retroceso normativo de cincuenta años, al quedar vigente la normativa urbanística de 1973.
Mateo Ramón, secretario del Comité Local de Coalición Canaria en Yaiza, ha sido contundente al calificar de “gravísimo” que el alcalde no haya preparado una alternativa ante un revés judicial que, según ha afirmado, era previsible desde hacía tiempo. “No ha hecho nada por adelantarse. Desde 2022, sabiendo que existía una alta probabilidad de que el Tribunal Supremo anulara el PGO, se ha limitado a esperar”, ha declarado Ramón.
El dirigente nacionalista ha recordado que Óscar Noda ha estado vinculado al documento urbanístico desde su etapa como concejal, y que durante su mandato como alcalde ha tenido pleno conocimiento tanto de su contenido como de las más de 20 alegaciones que fueron presentadas. “El resultado es que hoy Yaiza no tiene plan y tampoco tiene hoja de ruta”, ha recalcado.
Impacto directo sobre el desarrollo urbano
La preocupación de Coalición Canaria se centra en las consecuencias prácticas que se derivan de la situación actual. Emilio Machín, portavoz municipal de la formación, ha puesto el foco en los efectos que tendrá el retorno a la legislación urbanística de 1973. Según ha señalado, esto implica que núcleos urbanos plenamente consolidados como Femés, Las Breñas o La Degollada vuelvan a ser considerados como asentamientos rurales, lo que limita notablemente su desarrollo.
Machín ha advertido que la falta de un marco de ordenación actualizado afectará directamente al acceso de los jóvenes a nuevas viviendas, a la atracción de inversión privada y a la capacidad del municipio para planificar infraestructuras o servicios públicos. “No es solo un problema técnico, es un freno al crecimiento económico y al derecho a la vivienda”, ha insistido.
Coalición Canaria Yaiza ha reclamado al grupo de gobierno de UPY que asuma responsabilidades políticas por lo ocurrido y que impulse de manera inmediata un proceso para redactar un nuevo documento de planificación. Según ha expuesto la formación, dicho proceso debe desarrollarse bajo criterios de participación ciudadana y transparencia, y con la implicación de todos los sectores afectados.
En paralelo, CC ha alertado de que la anulación total del Plan General no solo afecta al desarrollo a largo plazo, sino también a la seguridad jurídica de vecinos, promotores y empresas que venían actuando bajo el paraguas del documento anulado.
